La inconcreción de proyectos de infraestructuras viarias para Ourense deja a la provincia como la gallega menos conectada a autopistas o autovías, según el cruce de los catálogos de carreteras del Ministerio de Transportes y de la Xunta, que desvelan que los ourensanos tienen acceso a 215,2 kilómetros de vías de alta capacidad, una cifra que está por debajo de los 261,6 de Lugo, los 268 de Pontevedra y los 401,7 de A Coruña.
Sin la posibilidad de disfrutar (algo que tampoco sucederá a corto plazo) de las autovías a Lugo (A-56) y Ponferrada (A-76), que contribuirían a vertebrar el interior de la Comunidad, o de la prolongación de la AG-31 hasta la frontera portuguesa, reclamada insistentemente por la comarca de A Baixa Limia, los principales ejes de comunicación que atraviesan la provincia son la estatal A-52, imprescindible para la conexión con la Meseta y Vigo, y la autonómica AG-53, que garantiza una movilidad digna entre Ourense y Carballiño y hacia Santiago y A Coruña. Completan el mapa de grandes infraestructuras viarias los 12,8 kilómetros de la A-75 entre Verín y Portugal, la autovía de la Xunta AG-31 de Celanova y el ramal AG-54 por Maside.
Diferencia
El contraste entre el interior de Galicia y la franja atlántica queda perfectamente retratado por el trazado de la AP-9, del que se benefician desde hace décadas las ciudades de Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña y Ferrol. Además, esta autopista es en la mayoría de ocasiones el punto de partida de las autovías diseñadas y ejecutadas por la Xunta, como las del Morrazo, Salnés, Barbanza, Val Miñor o Costa da Morte.
En Lugo, por su parte, ven como se atisba ya la finalización de la A-54 que le acercará a Santiago, mientras que disfrutan desde hace tiempo de la A-8, la autovía del Cantábrico que permite conectar con todo el norte de la Península Ibérica. Por otro lado, la Xunta ha desbloqueado hace tres meses la redacción del proyecto para desdoblar parte del corredor entre Sarria y la capital de la provincia, con otro tramo ya en obras.
Por tanto, la red autonómica de alta capacidad en tierras lucenses tiene garantizado seguir creciendo a corto o medio plazo, algo que el Gobierno gallego no ha previsto por ahora para otra de las reivindicaciones ourensanas como es prolongar la AG-31, limitándose a mejorar la OU-540 y reclamar al Gobierno central que asuma ese proyecto entendiendo que tiene carácter transfronterizo, algo para lo que el Ejecutivo estatal reclama que haya implicación de la Xunta.
Puzle
Con estos mimbres, el actual mapa de carreteras de Ourense -teniendo en cuenta aquellas de titularidad estatal, autonómica o provincial- cuenta con una longitud de unos 3.372 kilómetros, más de la mitad responsabilidad de la Diputación, que tiene la red más extensa de las tres administraciones (alrededor de 1.850 kilómetros divididos en 268 vías). Este escenario obliga, según el diputado de Cooperación de la institución, Pablo Pérez, a un importante esfuerzo para la conservación de la misma.
“Dividímolo en dúas partes, temos as brigadas propias que acuden cando hai problemas que detectan os nosos vixiantes e logo, naquelas estradas máis delicadas, sacamos proxectos de conservación a concurso”, explica Pérez. A esto se suma el plan anual de la red viaria, dotado con 1,5 millones de euros, que este año ha incorporado novedades como la ejecución de sendas peatonales. La eliminación de puntos negros es una de las principales preocupaciones de la Diputación.
Tras la red provincial, la segunda más extensa es la que es titularidad de la Xunta, de la que depende el estado de 1.023,72 kilómetros de 84 vías. Para su mantenimiento y conservación, la Axencia Galega de Infraestruturas ha licitado dos contratos de cuatro años de duración, uno para las autovías y otro para las carreteras convencionales, que suman un montante para todo el período de más de 26 millones de euros.
Mientras, bajo la responsabilidad del Estado están, además de las autovías A-52 y A-75, ocho carreteras nacionales que pasan por territorio ourensano. Toda la red estatal, la de alta capacidad y convencional, suma una longitud de 498 kilómetros y el modus operandi del Ministerio de Transportes para su mantenimiento es similar al del resto de administraciones, con contratos plurianuales de conservación a los que se suman proyectos concretos para solucionar problemas más graves.
