La baja tasa de sentencias puede obedecer a la intermediación o a que existen alquileres de vivienda no declarados
Las relaciones entre los arrendatarios y los inquilinos de una vivienda en Ourense requieren menos intervención judicial con relación al resto de las provincias gallegas y, en su mayoría, en relación al de España. El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer ayer los datos sobre arrendamientos urbanos del año pasado, concretamente el número de sentencias según el tipo de arrendamiento y la causa de litigio por diferencias entre el propietario y el inquilino de la vivienda.
En el caso de Ourense los tribunales dictaron 15 resoluciones, ni siquiera una al mes, mientras que en el resto de Galicia la cifra fue mayor: 196 en Pontevedra, 25 en Lugo y 132 en A Coruña. De las 15 intervenciones judiciales, la totalidad se debieron a la falta de pago de la renta o de cantidades que se asimilan, incluido las fianzas depositadas.
Estos datos podrían llevar a pensar que los inquilinos de Ourense son de los más cumplidores de toda España, pero hay excepciones importantes. El sector inmobiliario da por hecho de que "en Ourense existen alquileres no declarados", que por lo tanto no van a la justicia, pero también se da por hecho que la vía judicial no siempre es la más aconsejable, sobre todo porque los costes del litigio pueden ser mayores que la cantidad adeudada o porque hay mecanismos de intermediación anteriores a un pleito. Benito Iglesias, presidente de los empresarios del sector, advierte que "sigue habiendo muchas dificultades para pagar los alquileres en Ourense". De hecho, la semana pasada un informe del Consejo General del Poder Judicial reseñaba que los desahucios por impago han repuntado. Iglesias resume la situación señalando que "la coyuntura económica es la causante en la mayoría de los casos de estas situaciones que se suelen salvar con la intervención de los abogados de las partes, sin necesidad de ir a juicio".
Según el INE, en Ourense no se ha descrito el último año ninguna causa judicial por subarriendo de la propiedad, la realización de obras no consentidas o por el desempeño de actividades molestas o insalubres, que sí se suelen dar en la mayoría de las provincias.
