La Fiscalía y el tutor de la víctima acusaron ayer en el Juzgado Penal 2 a Iván R.O. (28 años) por supuestamente aprovecharse de un hombre con discapacidad intelectual para saquear sus dos cuentas a través de operaciones realizadas a través de la banca electrónica. La acusación particular también va contra el padre porque, según sostiene, prestaba su cuenta bancaria para las transferencias fraudulentas que hacía el hijo. Y añaden más responsabilidades: las acusaciones consideran que al banco le faltó diligencia para evitar la sustracción del dinero de una víctima especialmente vulnerable, por lo que lo introdujeron en el pleito como responsable civil subsidiario. En caso de condena, le tocaría responder de los 18.500 euros defraudados si los inculpados son insolventes.
Esta es la segunda vez que Iván visita la misma sala de vistas. En junio fue juzgado por maltrato y abandono animal por dejar morir tres ovejas y una cabra en una explotación que regentaba, pero la jueza lo absolvió.
Ahora se enfrenta a una petición de condena de dos años y medio por la estafa, fechada en los meses de junio y julio de 2002. El propio inculpado admite que se benefició del dinero porque pasaba por dificultades económicas. Lo consideró un “préstamo” con posibilidad de devolución.
Pero la víctima, por su parte, se consideró engañada por quien creía que era su amigo y hasta amenazada para que no contase nada. Admite que fue con el inculpado a una oficina de Abanca en Xinzo y firmó un papel para que le facilitaran las claves de la banca electrónica. Según las acusaciones, en la sucursal no debieron facilitarlas porque se trataba de una persona discapacitada y estaba tutelado por su tío y así constaba en la documentación aportada a la entidad.
Iván exculpó al padre, a cuya cuenta enviaba el dinero para después retirarlo. Este último aseguró que desconocía esa artimaña y que no sabe realizar operaciones online.
La Fiscalía considera que el inculpado, conocedor de la incapacidad legal del perjudicado, “se aprovechó de sus limitaciones”. Lo acompañó a una oficina para solicitar la activación del servicio para así poder operar con la banca a distancia. La defensa del banco alega que fueron a una oficina distinta, en donde el personal no conocía la discapacidad del perjudicado.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en varios días de junio y julio de 2020, el encausado retiró 5.520 euros de una cuenta con el sistema Halcash y lo envió a su teléfono, además de ordenar cuatro transferencias por 2.400 euros. Y retiró 6.460 euros de otra cuenta y ordenó siete transferencias por un total de 4.200.
