La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que confirma la nulidad de las licencias de legalización de las obras y la ocupación del subsuelo de la plaza de San Antonio de la ciudad, al ser este de propiedad pública, enzarza a los grupos políticos. Aún cabe recurso de casación ante el Supremo pero, de ser firme la resolución, comporta que el parquin de propiedad privada sea ahora del Concello, por lo que ya no podrá seguir ejerciendo su actividad. Residentes y particulares habían comprado sus plazas en el subsuelo de San Antonio, por lo que la polémica está servida. El PSOE de Ourense ha pedido a Manuel Cabezas, candidato del PP a la alcaldía de Ourense, que comparezca públicamente, tildándolo de “máximo responsable” del asunto iniciado hace dos décadas.
Los socialistas entienden que el popular “debe explicar a herdanza urbanística” del asunto, ya que la licencia municipal de edificación del parquin tuvo lugar bajo el mandato de Cabezas. En el caso del PP, la que sale al paso es la edil Sonia Ogando, que apela a que la nueva sentencia tiene su origen “en un convenio firmado en 1994 por el PSOE con una congregación religiosa”. Ogando insiste en que, bajo el gobierno del PP, “se trabajó en cumplir con lo acordado”. Con la sentencia sobre la mesa, señala que “es incontestable” pero, al no ser firme y admitirse recurso de casación, “seguiremos pendientes de lo que pueda acontecer”.
"Cheiro preelectoral"
El PSOE de Ourense también contesta a las acusaciones del actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que tachó al PSOE de “robo a la ciudad” con el asunto de la Plaza de San Antonio. Los socialistas señalan que la gestión de Jácome “resúmese na última década nunha batería de denuncias ao PSOE que foron arquivadas, co único obxectivo de perpetuar un modelo de urbanismo que se alonxa do interese público”. Los socialistas creen que estas “difamacións políticas” tienen “cheiro preelectoral”.
Por otro lado, el candidato del BNG a la alcaldía, Luís Seara, señala como punto inicial el “urbanismo salvaxe e de amiguetes” de la época de Cabezas. Añade sobre la concesión de la licencia que ahora anula el TSXG que “daquela chegou un novo goberno local que diante da situación e en base ao que establecía o propio PXOM de 2003, o de Cabezas, e que despois foi anulado pola xustiza até en 11 sentenzas, ten que outorgarlle licenza e polo tanto legalizar dito aparcadoiro”. Seara subraya que “en medio de todo isto, e como intermediario utilizado por determinados construtores, Jácome, co único afán de prexudicar á concelleira Áurea Soto acode á xustiza”. Aquí es donde Seara encuentra la “maior contradición” de Jácome, ya que estando en el gobierno recurrió la sentencia para evitar las indemnizaciones millonarias -se ahorró 40 millones- pero ahora “saca peito” del fallo judicial.
