El portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, y la concejala Mónica Mourelo advirtieron ayer de la 'temeridade' del gobierno municipal por no disponer de 'medidas para garantir a seguridade' en la residencia universitaria del Campus. La licencia de ocupación de este edificio, concedida con años de retraso en 2011, fue anulada por una sentencia judicial, aunque ahora está pendiente de un recurso del Concello ante el Tribunal Superior de Xustiza.
No obstante, los populares consideran que 'o principal problema está referido á seguridade da instalación, xa que non se cumpren as medidas de acceso aos servizos de extinción de incendios, non hai bocas de rego, non hai espazo habilitado para evacuación e un longo etcétera'. Tanto Fernández como Mourelo recordaron que en los plenos de marzo y abril ya preguntaron a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, por las medidas que adoptará en la residencia en tanto no se resuelve el concurso y 'ata o de agora, non obtivemos resposta algunha ao respecto. Tamén descoñecemos se a señora concelleira pensa cumprir o mandato da sentencia'. En todo caso, los populares quisieron dejar claro que no buscan el cierre de la residencia -que ordena la sentencia recurrida- 'pero si que se garanta a seguridade, que é o deber do Concello'.
Por su parte, Soto asegura que 'los informes de incendios del inmueble dicen que cumple la normativa' y pregunta al PP por qué 'no cerraron la residencia durante siete años -desde su construcción, en tiempo del PP, hasta que entró el PSOE en el gobierno- y quiere que se clausure ahora'.
Por su parte, Soto asegura que 'los informes de incendios del inmueble dicen que cumple la normativa' y pregunta al PP por qué 'no cerraron la residencia durante siete años -desde su construcción, en tiempo del PP, hasta que entró el PSOE en el gobierno- y quiere que se clausure ahora'.
