El PP gallego no aplica la misma vara de medir a todos sus cargos institucionales.
Ni explica por qué. En el caso del ex alcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa, aunque tarde y acosado por la presión social, optó por abrirle un expediente informativo (investigación interna) con motivo de su imputación por un supuesto delito de fraude fiscal. Con el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez -imputado desde hace seis años en los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental en relación a su etapa como alcalde de Arnoia-, la actitud es de absoluta indulgencia, por parte del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez, que lo designó para el cargo a sabiendas de sus líos con la Justicia y lo mantiene ahora que ya se sabe que deberá sentarse en el banquillo porque va a ser formalmente acusado.
Fuentes del Comité de Derechos y Garantías del PP en Galicia, órgano al que correspondería, como en el caso de Conde Roa, investigar el asunto, aseguraron que no han tomado ninguna decisión con respecto a Rogelio Martínez. Preguntados por este asunto, al que los cargos orgánicos del partido reaccionan con evidente incomodidad, cierran filas con un lacónico 'no hay nada que decir por el momento'. Y ello, después de que el propio Alberto Núñez Feijóo dijese la pasada semana que 'el rigor que se le exige a un político está por encima del que se le exige al resto de la sociedad'.
Lo cierto es que en el caso del delegado de la Xunta en Ourense, perseguido por este culebrón judicial desde que fue designado para el cargo por decisión de Núñez Feijóo y de su ámbito de influencia, el PP gallego ha optado de forma obstinada por eludir el problema, avalar a Rogelio Martínez y mantenerlo en el puesto contra viento y marea, pese a las duras críticas tanto de la oposición, a la que está sirviendo como arma de desgaste del PPdeG, y a pesar del criterio de un sector del Partido Popular en Ourense, que advirtió desde el principio de la conflictividad que provocaría el nombramiento de Martínez como representante de la Xunta en la provincia.
Los estatutos aprobados en el último Congreso nacional del PP, celebrado en Sevilla en febrero, modificaron el regimen sancionador en el caso de cargos públicos implicados en casos de corrupción. Los populares se comprometieron a abrir expediente informativo a todos aquellos cargos que estén imputados por delitos dolosos. Y el informativo se convertiría en disciplinario cuando se decrete la apertura de juicio oral (pendiente en el caso de Martínez). Este proceso debería ser iniciado por el Comité de Garantías del PPdeG.
Rogelio Martínez, tal como acordó el juez instructor de Ribadavia, será juzgado por un tribunal popular por delitos de malversación de caudales públicos y fasedad documental cuando presidía el Centro de Iniciativas para el Desarrollo del Val do Miño. Según el juez, hay indicios delictivos en cuanto al desvío de fondos a obras que no se llegaron a ejecutar como, por ejemplo, una planta de biomasa. La imputación parte de una denucia presentada en el año 2006 por el BNG.
Fuentes del Comité de Derechos y Garantías del PP en Galicia, órgano al que correspondería, como en el caso de Conde Roa, investigar el asunto, aseguraron que no han tomado ninguna decisión con respecto a Rogelio Martínez. Preguntados por este asunto, al que los cargos orgánicos del partido reaccionan con evidente incomodidad, cierran filas con un lacónico 'no hay nada que decir por el momento'. Y ello, después de que el propio Alberto Núñez Feijóo dijese la pasada semana que 'el rigor que se le exige a un político está por encima del que se le exige al resto de la sociedad'.
Lo cierto es que en el caso del delegado de la Xunta en Ourense, perseguido por este culebrón judicial desde que fue designado para el cargo por decisión de Núñez Feijóo y de su ámbito de influencia, el PP gallego ha optado de forma obstinada por eludir el problema, avalar a Rogelio Martínez y mantenerlo en el puesto contra viento y marea, pese a las duras críticas tanto de la oposición, a la que está sirviendo como arma de desgaste del PPdeG, y a pesar del criterio de un sector del Partido Popular en Ourense, que advirtió desde el principio de la conflictividad que provocaría el nombramiento de Martínez como representante de la Xunta en la provincia.
Los estatutos aprobados en el último Congreso nacional del PP, celebrado en Sevilla en febrero, modificaron el regimen sancionador en el caso de cargos públicos implicados en casos de corrupción. Los populares se comprometieron a abrir expediente informativo a todos aquellos cargos que estén imputados por delitos dolosos. Y el informativo se convertiría en disciplinario cuando se decrete la apertura de juicio oral (pendiente en el caso de Martínez). Este proceso debería ser iniciado por el Comité de Garantías del PPdeG.
Rogelio Martínez, tal como acordó el juez instructor de Ribadavia, será juzgado por un tribunal popular por delitos de malversación de caudales públicos y fasedad documental cuando presidía el Centro de Iniciativas para el Desarrollo del Val do Miño. Según el juez, hay indicios delictivos en cuanto al desvío de fondos a obras que no se llegaron a ejecutar como, por ejemplo, una planta de biomasa. La imputación parte de una denucia presentada en el año 2006 por el BNG.
