La rama ourensana de la operación Patos, que salpicó a numerosos políticos y empresarios del sur de Galicia por delitos relacionados con la corrupción, desembarcó en los juzgados de la ciudad
La rama ourensana de la operación Patos, que salpicó a numerosos políticos y empresarios del sur de Galicia por delitos relacionados con la corrupción, desembarcó en los juzgados de la ciudad.
El juez de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, había citado ayer a cuatro personas para oírlas en calidad de investigados, dos funcionarios del Concello de Ourense y dos personas ligadas a la empresa Cespa, la adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes en la ciudad, pero un problema técnico aplazó la comparecencia. Los autos fueron entregados a los letrados de los imputados en formato digital pero no pudieron acceder a los mismos por un problema a la hora de grabar la documentación. El juez puso el foco en un viaje pagado por Cespa al jefe de servicio de Medio Ambiente en el Concello, Carlos Cárcamo, a un congreso celebrado en Málaga cuando la concesión del contrato estaba pendiente (2013). Pero, además del jefe de servicio, declararán el técnico Gonzalo García y dos responsables de Cespa.
La operación Patos alargó el brazo hacia el Concello de Ourense cuando a comienzos del año 2014 la policía, por orden de una jueza de Vigo, registraba el Concello para la incautación de todo el papeleo alusivo al contrato con la empresa. La concesión fue consolidade en octubre de 2015 en cumplimiento de una sentencia que había anulado la adjudicación por el recurso de otra empresa que aspiraba al contrato.
