A punto de cumplirse siete meses de la aprobación en pleno de la creación de una comisión de investigación sobre lo sucedido con la documentación del expediente de licencia del edificio del Parque de San Lázaro anexo a la iglesia de los franciscanos, el promotor del inmueble, José Benito López, compareció en el salón de plenos para ofrecer su versión de lo sucedido, insistiendo en que “lo que ha quedado clarísimo es que esos papeles no están en Urbanismo cuatro años después”.
El empresario volvió a poner el foco en el exconcejal de Urbanismo José Cudeiro y en dos técnicos del departamento, a los que no ha dudado en atribuir la comisión de delitos, lo que le llevó a exigir un careo con todos ellos en la próxima reunión de la comisión, prevista para el 10 de mayo. “Si hay tantas ganas de que haya transparencia, debe haber ese careo”, señaló.
Tras relatar los “graves perjuicios por los últimos cuatro años, con daños gravísimos y una empresa que ya no existe”, Benito López preguntó “qué documentación le han enviado al juez”, dado que el proceso sobre la licencia se judicializó. “Le están enseñando algo que no es el original”, destacó el promotor enseñando el acta notarial que así lo certifica.
Las valoraciones de los distintos representantes de los grupos políticos coincidieron en la necesidad de llegar hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, aunque con matices. El portavoz de DO, Armando Ojea, recalcó que “seguiremos investigando”, mientras que el líder del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, exigió un “exercicio de transparencia”, señalando que “as acusacións son moi serias”, en referencia a las manifestaciones del promotor en las que aseguraba que Cudeiro le había planteado vía Whatsapp un acuerdo para tratar de arreglar la licencia: “Se isto é así, estamos ante un caso gravísimo que debe dilucidarse, é algo espiñoso”.
La exresponsable de Urbanismo, la popular Sonia Ogando destacó que “se aclararon malentendidos”, en alusión a una afirmación del promotor hace unas semanas en la que decía que nunca habían mantenido contactos. “Me reuní con él tras la sentencia de noviembre de 2019, estuvimos con técnicos y letrados para examinar posibles soluciones para legalizar el edificio. Desde el PP ofrecemos total colaboración para esclarecer los hechos”, añadió Ogando.
Mientras, el portavoz del BNG, Luis Seara, salió satisfecho de la comparecencia, valorando que la comisión “vaia collendo axilidade”, quedándose con “as acusacións tan graves que merecen esclarecerse”. El nacionalista, impulsor de este grupo de trabajo el pasado otoño, entiende que hay que esperar a conocer el resto de versiones para hacer una valoración más en profundidad.
