Según los socialistas, los funcionarios "no son sospechosos precisamente de parcialidad", ya que "detectan un dato objetivo: la existencia de graves irregularidades cometidas por la Diputación en los procesos públicos de contratación"
El PSdeG de Ourense ha interpuesto un recurso de apelación al fallo que acuerda el sobreseimiento del caso de las depuradoras de la Diputación de Ourense con base en el "duro informe" de la Oficina de Lucha contra el Fraude (Olaf) y el requerimiento de Hacienda relativo a la devolución de 10,2 millones.
En el escrito, los socialistas se remiten al informe de la Olaf que había detectado un posible delito en la gestión de fondos europeos derivados de la gestión de los proyectos Daredo y Deputrans, para construir 104 depuradoras, que trasladó a Hacienda para que investigase un posible delito penal.
"La Olaf ha emitido un informe muy duro que obra en las actuaciones y viene a servir de base para que las autoridades obliguen a la Diputación de Ourense a descertificar y a proceder a la devolución de 10,12 millones de euros", ha precisado el PSdeG.
Según los socialistas, los funcionarios "no son sospechosos precisamente de parcialidad", ya que "detectan un dato objetivo: la existencia de graves irregularidades cometidas por la Diputación de Ourense en los dos procesos públicos de contratación".
Así, "aunque formalmente son dos procesos distintos", tanto el proceso de contratación de asistencias técnicas como la adquisición de máquinas depuradoras, los hechos "no pueden diseccionarse como lo hace la resolución".
El titular del juzgado decretó el archivo de la causa abierta sobre la licitación y adjudicación de un centenar de plantas depuradoras en municipios del rural, a raíz de las irregularidades detectadas por la Oficina europea contra el fraude (Olaf), en los proyectos Daredo y Deputrans.
En su auto, acordó "el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones en cuanto al procedimiento de licitación y adjudicación de las plantas depuradoras incluidas en los proyectos Daredo y Deputrans", aunque añade que continúen las presentes actuaciones "como diligencias previas en orden a la averiguación de si concurre ilícito penal en la adjudicación de las asistencias técnicas realizadas a la empresa Netglobal en data 27 de enero de 2004".
La OLAF recomendaba la determinación de posibles ilícitos penales en el proceso administrativo desarrollado por la Diputación, que contó con una subvención europea de 10,12 millones.
"Los contratos estaban adjudicados y ejecutándose antes de lanzar los correspondientes procedimientos de contratación", tal y como ha recordado el PSOE, quien ha cuestionado que no se practicaron diligencias por los que la Olaf apreció un posible delito de prevaricación administrativa.
Para el PSOE, el contenido de las declaraciones "son contradictorias", al asegurar que el funcionario Javier Bobe manifestó no tener relación alguna con SMA y, sin embargo, el comercial de dicha mercantil declaró que "la persona de contacto directo era el señor Bobe".
Por eso, piden "ante la gravedad de los hechos investigados y la cuantía económica de que se trata", que se practique "de forma completa todas las diligencias de prueba posible".
A este respecto, el presidente de la Diputación Provincial Manuel Baltar había indicado que el fallo confirmaban "las tesis defendidas por la institución.
El caso depuradoras se abrió a raíz de tres denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en el procedimiento de pliego al entender que se correspondían con los requisitos técnicos de la empresa SMA con lo que el proceso "estaría viciado".
La primera de ellas fue archivada y se presentaron dos nuevas denuncias a instancias de BNG y PSOE.
