Además el acusado deberá pagar una indemnización y los intereses moratoriosdesde la fecha de la interposición de la querella.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años de prisión a un brigada encargado de compras del Cuartel General del Ejército que estafó 1,1 millones de euros a varias empresas del grupo Coren que le suministraron alimentos que, después, el militar vendió en su propio beneficio. Así consta en una sentencia en la que se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia de Madrid y le rebaja la pena de 5 años y 9 meses de prisión a 4 años porque considera que la atenuante de dilaciones indebidas cualificada implica que se imponga la pena inferior en grado.
En el caso del otro condenado, que puso en contacto al militar y a las empresas, se mantiene la pena de tres años de prisión y la reducción sólo afecta a la multa que se fija en 4.320 euros.
En cuanto a la indemnización, se confirma la establecida en la sentencia recurrida por lo que ambos tendrán que abonar conjunta y solidariamente a Cooperativas Orensanas SCG con 99.077 euros, a Gallega de Alimentación con 836.424 euros, a Novafrigsa con 56.034 euros y a Industrias Frigoríficas del Louro con 36.542 euros, y la condena al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.
La sentencia también estima los recursos de las acusaciones, ejercidas por las empresas perjudicadas, y reconoce el pago de las cantidades anteriores con los intereses moratorios desde la fecha de la interposición de la querella.
En 2003, el brigada mantuvo un contacto inicial con el comercial de las empresas en la sede del Regimiento Inmemorial del Rey en el Cuartel General del Ejército, donde estaba destinado, para negociar el suministro de alimentos a unos precios asequibles para atender 1.500 comidas en esas dependencias militares.
A partir de ahí empezaron las entregas de productos que, en un primer momento, sí fueron abonadas por el ministerio. Más tarde, el militar les dijo que tardarían nueve meses en cobrar desde las fechas de las facturas, haciéndoles creer que las mercancías eran para el Ejército y que se garantizaba el pago, pero luego no sucedió así.
