Justicia

Reconoce que se quedó solo 50.000 de los 448.000 euros que le reclaman

Se enfrenta a 8 años y medio de cárcel por apropiación indebida y estafa 

Diego N.P., ex apoderado del Banco Caixa Geral en O Barco, vivía ayer la primera de las dos sesiones del juicio por los delitos de apropiación indebida de 448.064 euros, así como estafa y falsedad, por los que el fiscal pide para él una pena de 8 años y medio de cárcel.

El acusado reconoció, tanto al ministerio fiscal como a la acusación particular, ser el autor tan sólo de una de las apropiaciones indebidas de las que se le acusa, "los 50.000 euros de José P., que cogí para cuadrar la caja". Respecto al resto de imputaciones, negó su autoría. Aseguró no recordar la sustracción de tanto dinero y pidió que "se investiguen las cuentas desde que cuadraban los números" hasta que se descubrió el desfase contable.

Una contabilidad anómala de la que la entidad bancaria no fue consciente hasta que Pedro Cuesta, subdirector contable a nivel nacional, emprendió un arqueo aleatorio y requirió los datos de diversas sucursales, entre ellas la de O Barco.

Sin respuesta, Cuesta, según testificó ayer, llamó por teléfono al director "y Diego me dijo que me llamaba en unos minutos; al rato recibí un correo en el que se autoinculpó de los hechos, momento en el que se puso en marcha la auditoría".

Según uno de los autores de esta investigación interna: "Diego reconoció que había una serie de cantidades de las que se había apropiado, aunque se mostraba sorprendido del montante final".

Añadió que se detectó un desfase en las cuentas de "algo más de 350.000 euros", que según explicaron en la sesión de ayer serían fruto de varias cesiones de dinero pedidas a otros bancos, percibidas por el acusado y recogidas en el sistema como cobradas cuando nunca llegaron a entrar en caja. A esto se unían retiradas de efectivo de determinadas cuentas corrientes simulando sus firmas.

El director de la sucursal entre enero de 2008 y febrero de 2010 -periodo en que se produjeron los hechos, después la oficina acabaría cerrando- señaló que: "Diego me reconoció que esa retirada de dinero había sido por los problemas de las empresas familiares".

El padre y hermano del acusado, que también testificaron ayer –en su día se habían hecho corresponsable de la deuda y anunciaron su intención de devolverla–, negaron haber sido receptores del dinero. La defensa subrayó que el inculpado sufrió una "ejecución hipotecaria sobre su casa", para ejemplificar la falta de dinero actual de la familia.n

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