La urbanización de la Finca Santamarina, en la que Hipercor construirá su centro comercial, podría retrasarse más de lo previsto. Los recursos judiciales contra la licencia de la gran superficie, así como otros dos referidos al propio proyecto de urbanización, han llevado a Flager y la Diputación -los propietarios mayoritarios- a plantearse la posibilidad de esperar a que la Justicia se pronuncie antes de adjudicar las obras. Si se anula la licencia, no vamos a adjudicar nada, explica el gerente de Urbanourense (sociedad urbanística de la Diputación), José Jesús Cudeiro
De hecho, y teniendo en cuenta que Hipercor pretendía iniciar sus obras tan pronto fuera posible, las previsiones con las que se trabajaban en septiembre eran las de convocar a la junta de compensación a lo largo del mes de octubre para decidir qué empresa de las que presentaron ofertas se hace cargo de las obras. Sin embargo, según asegura Cudeiro, 'si se llega a anular la licencia, igual tendremos que estar seis o siete meses para que se vuelva a tramitar otro permiso, por lo que no vamos a tener adjudicados esos trabajos'. Así las cosas, todo parece indicar que hasta que se produzca una sentencia -se espera un fallo inminente- relativa a los recursos presentados, no se moverá ficha para la urbanización.
Con todo, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto -el Concello forma parte también de la junta de compensación-, considera que los proyectos planeados en la Finca Santamarina cuentan con el aval de la inclusión en la ordenación urbanística provisional. 'Claro que existe la posibilidad de que la licencia sea anulada, porque hay que recordar que el Plan Xeral de 2003 en el que se basa también lo fue', reflexiona la concejala que, no obstante, recuerda que 'en caso de que eso se produjera, cabría todavía la posibilidad de recurrir en el Tribunal Superior de Xustiza y también la de tramitar de nuevo la licencia porque ese ámbito está incluido en al ordenación provisional'. Para la concejala, los recursos presentados son un ejemplo más de la complicada situación en que ha quedado la ciudad tras la anulación definitiva de su planeamiento.
Aún no era firme
La licencia al centro comercial fue aprobada por la junta de gobierno en una sesión extraordinaria que tuvo lugar el pasado 14 de marzo, sólo tres días antes de que el Concello recibiera la primera notificación oficial de la decisión del Tribunal Supremo que implicaba la anulación definitiva del Plan Xeral vigente en aquel momento, el aprobado en 2003 por el gobierno de Manuel Cabezas. El hecho de que la licencia no fuera firme en el momento de la nulidad es, entre otros, uno de los argumentos esgrimidos en los seis recursos presentados contra el permiso en los que se han personado además del Concello, la Diputación y la Federación de Comercio. En cuanto a los recursos al proyecto de urbanización, uno de ellos es de la propia Diputación, por su división en fases.
Con todo, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto -el Concello forma parte también de la junta de compensación-, considera que los proyectos planeados en la Finca Santamarina cuentan con el aval de la inclusión en la ordenación urbanística provisional. 'Claro que existe la posibilidad de que la licencia sea anulada, porque hay que recordar que el Plan Xeral de 2003 en el que se basa también lo fue', reflexiona la concejala que, no obstante, recuerda que 'en caso de que eso se produjera, cabría todavía la posibilidad de recurrir en el Tribunal Superior de Xustiza y también la de tramitar de nuevo la licencia porque ese ámbito está incluido en al ordenación provisional'. Para la concejala, los recursos presentados son un ejemplo más de la complicada situación en que ha quedado la ciudad tras la anulación definitiva de su planeamiento.
Aún no era firme
La licencia al centro comercial fue aprobada por la junta de gobierno en una sesión extraordinaria que tuvo lugar el pasado 14 de marzo, sólo tres días antes de que el Concello recibiera la primera notificación oficial de la decisión del Tribunal Supremo que implicaba la anulación definitiva del Plan Xeral vigente en aquel momento, el aprobado en 2003 por el gobierno de Manuel Cabezas. El hecho de que la licencia no fuera firme en el momento de la nulidad es, entre otros, uno de los argumentos esgrimidos en los seis recursos presentados contra el permiso en los que se han personado además del Concello, la Diputación y la Federación de Comercio. En cuanto a los recursos al proyecto de urbanización, uno de ellos es de la propia Diputación, por su división en fases.
