De un día para otro, con la aprobación ‘in extremis’ de la reforma laboral en el Congreso, la posibilidad de hacer contratos de obra y servicio se desvaneció y ello dejó a muchos sectores afectados. Uno de ellos, el de la investigación en el ámbito de la universidad. Y es que este tipo de relación laboral es la más socorrida a la hora de contratar personal para un proyecto de carácter finalista –esto es, con un final definido desde el principio–.
Tanto es así que la Universidad de Vigo firma cada año unos 1.000 contratos de obra y servicio, pero como la duración de estos es variable y muy diferenciada (puede ir de una semana a tres años), ahora mismo unos 400 investigadores están bajo este régimen laboral en la entidad viguesa. Así lo confirma el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Ramos, en declaraciones a este periódico.
Ramos apunta que en la UVigo se ha creado una comisión que se reúne periódicamente con los investigadores y está haciendo un seguimiento de la situación, pues “cada día surge una novedad”. Las directrices del Ministerio de Trabajo especifican que, hasta el 30 de marzo, pueden seguir haciendo contratos de obra y servicio por un período máximo de seis meses.
Desde la institución viguesa, dentro de la inquietud y la incertidumbre de la situación, por el momento cunde la tranquilidad. Según Ramos, “para cuando venza la moratoria, nos han asegurado que la Ley de Ciencia estará modificada y existirá una nueva figura alternativa para poder seguir contratando, o por lo menos, una transitoria”. Y es que a este problema se le añade que, por el momento, la universidad no puede firmar contratos indefinidos porque consumirían una tasa de reposición que, este año, todavía no se ha aprobado.
Ramos confirmó ayer a este diario que serán los directores de los grupos de investigación quienes, gestionando los recursos con los que cuentan, decidan cuántos investigadores contratarán de forma permanente. Eso sí, por el momento reina la inquietud entre estos, pues “no saben muy bien cómo planificar su grupo de trabajo de cara al futuro”.
Trabajos paralizados
Así lo confirma la doctora del grupo Bioingeniería y Procesos Sostenibles de la UVigo, Marta Pazos: “Nos han paralizado todo, no nos dejan hacer contratos de más de seis meses a partir de marzo e investigadores que han firmado contratos de hasta tres años en enero están en un limbo”. Pazos explica que, aunque “estamos encantados de que haya estabilidad y se luche contra la precarización, operativamente, los contratos indefinidos son contraproducentes con los proyectos de investigación, que tienen carácter finalista”. Esta investigadora apunta que “no dejar abierta otro tipo de figura para estos proyectos es un error”, aunque todo apunta a que la modificación de la Ley de Ciencia la habilitará, de acuerdo con Manuel Ramos.
En este sentido, los grupos de investigación ahora mismo tampoco pueden realizar contratos indefinidos porque los gastos de la indemnización –se trata de proyectos con un final predefinido– no son justificables.
Un problema que tiene su base en la capacidad de atraer financiación
“En ciencia cada uno tiene que intentar pagarse su sueldo, si quieres ser investigador principal tienes que demostrar que puedes atraer financiación y en España hay muy pocas opciones de conseguir contratos competitivos para esto”, explica un investigador de la UVigo que prefirió mantener el anonimato. “Lo que ocurre es que tenemos mucha gente válida que en muchos casos no quiere ser investigador principal, sino estar dentro de un grupo. En otros sitios tienen contratos estables que se contemplan en la financiación estructural de sus jefes. Aquí eso no se puede hacer al faltar esa financiación constante”, concluye.
