El Tribunal Superior de Xustiza ha confirmado la anulación de la licencia de ocupación y apertura de la residencia universitaria 'As Burgas' -que ofrece 201 plazas, casi todas ocupadas- y condena al Concello 'a la clausura y precinto de la actividad y del edificio, así como a adoptar todas las medidas precisas dirigidas a asegurar el cese efectivo de su uso'.
La resolución, contra la que no cabe ya recurso ordinario, considera que el permiso de ocupación y apertura concedido en junta de gobierno en febrero de 2011, se otorgó de forma 'indebida' ya que no se sujeta 'al proyecto de obra y, en particular, a las condiciones urbanizatorias relativas al aparcamiento, al vial de acceso posterior y a los jardines e iluminación' de sus alrededores.
El tribunal recuerda que la licencia de obra -concedida en 2000, siendo alcalde Manuel Cabezas, del PP- estaba condicionada a la efectiva urbanización del entorno, lo que no se realizó hasta la fecha. La propia sentencia recoge que la ausencia del aparcamiento y el vial previstos 'coarta y aún impide la normal y legítima actividad cotidiana de aquel inmueble'. A juicio de los magistrados, la licencia de ocupación fue concedida de forma 'defectuosa' al no realizarse la urbanización, puesto que 'su inexistencia inclusive puede comprometer la seguridad de sus ocupantes'.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, aseguraba ayer que 'tendremos que mirar y ejecutar la sentencia'. Según ella, la urbanización -la gestora del centro depositó más de 150.000 euros de aval para realizarla- no se ejecutó 'primero por un problema de la propiedad y ahora, que está aprobado el proyecto de compensación, por un tema de rasantes'.
El PP, por su parte, reclamó el 'cese inmediato' de Áurea Soto por mantener 'unha ilegalidade manifesta sen intención de subsanala e, o que é máis grave, mantendo en perigo ós usuarios'.
Mientras, Antonio Feijóo, el abogado de Casas Orense -generadora de este pleito-, tacha de 'extremadamente grave' que se otorgara licencia sin haber realizado las obras en los alrededores y asegura que el proyecto de urbanización de su polígono 'es la única forma de acondicionar el entorno de la residencia y hacer posible su apertura en condiciones de legalidad'. También avanza que tiene intención de 'presentar querella por prevaricación contra Áurea Soto por la concesión de esta licencia a sabiendas de su ilegalidad'.
El tribunal recuerda que la licencia de obra -concedida en 2000, siendo alcalde Manuel Cabezas, del PP- estaba condicionada a la efectiva urbanización del entorno, lo que no se realizó hasta la fecha. La propia sentencia recoge que la ausencia del aparcamiento y el vial previstos 'coarta y aún impide la normal y legítima actividad cotidiana de aquel inmueble'. A juicio de los magistrados, la licencia de ocupación fue concedida de forma 'defectuosa' al no realizarse la urbanización, puesto que 'su inexistencia inclusive puede comprometer la seguridad de sus ocupantes'.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, aseguraba ayer que 'tendremos que mirar y ejecutar la sentencia'. Según ella, la urbanización -la gestora del centro depositó más de 150.000 euros de aval para realizarla- no se ejecutó 'primero por un problema de la propiedad y ahora, que está aprobado el proyecto de compensación, por un tema de rasantes'.
El PP, por su parte, reclamó el 'cese inmediato' de Áurea Soto por mantener 'unha ilegalidade manifesta sen intención de subsanala e, o que é máis grave, mantendo en perigo ós usuarios'.
Mientras, Antonio Feijóo, el abogado de Casas Orense -generadora de este pleito-, tacha de 'extremadamente grave' que se otorgara licencia sin haber realizado las obras en los alrededores y asegura que el proyecto de urbanización de su polígono 'es la única forma de acondicionar el entorno de la residencia y hacer posible su apertura en condiciones de legalidad'. También avanza que tiene intención de 'presentar querella por prevaricación contra Áurea Soto por la concesión de esta licencia a sabiendas de su ilegalidad'.
