El gerente de la anterior empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio -y ahora máximo responsable de la actual, Corporación LS de Servicios Sociosanitarios-, Álberto López, prevé emprender acciones legales por la declaración efectuada el pasado miércoles por su exsocio, José Troncoso Casares, ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en el servicio, en la etapa de la anterior adjudicataria (2007 a 2011).
López, que anunció esa demanda a través de un comunicado público, considera que Troncoso 'como imputado, pode mentir, pero non a conta da miña honra, imaxe e traxectoria profesional'. En su declaración ante el juez el exsocio Troncoso se desligó de toda responsabilidad en el servicio anterior, haciéndola recaer en López, que, por ello, entregará al magistrado 'probas concluintes do coñecemento e capacidade de xestión que exercía o señor Troncoso no funcionamento da UTE'. Entre estas pruebas se encuentran numerosos correos electrónicos, similares a uno que puso ayer como ejemplo enviándolo a los medios de comunicación. En él, Troncoso calcula la facturación anual del servicio en 2008, aportando como cifra 1.122.346,90 euros, a pesar de que aseguró ante el magistrado que la gestión económica de la UTE estaba al '100%' en manos de López. Una afirmación que, para Antonio López, 'é radicalmente falsa', alegando que 'resulta incrible que alguén con amplo coñecemento do sector sociosanitario, con experiencia de xestión e co 75% do accionariado nunha empresa, se desentenda do funcionamento da mesma', en relación a su exsocio.
'GUERRA FRATRICIDA'
Por su parte, el alcalde, Agustín Fernández, atribuyó el caso de la ayuda a domicilio a 'unha guerra fratricida entre dous socios'. En este sentido, el regidor añadió que 'non hai irregularidades no servizo de axuda ao domicilio nin por parte de concelleiros nin funcionarios' y se hace 'corresponsábel' con ellos. La socialista Áurea Soto afirmó que el Estado de Derecho obliga a 'probar lo que se dice'.
'GUERRA FRATRICIDA'
Por su parte, el alcalde, Agustín Fernández, atribuyó el caso de la ayuda a domicilio a 'unha guerra fratricida entre dous socios'. En este sentido, el regidor añadió que 'non hai irregularidades no servizo de axuda ao domicilio nin por parte de concelleiros nin funcionarios' y se hace 'corresponsábel' con ellos. La socialista Áurea Soto afirmó que el Estado de Derecho obliga a 'probar lo que se dice'.
