San Antonio o la amenaza de una indemnización millonaria

El embrollo judicial y urbanístico de la céntrica plaza de San Antonio, en cuyo subsuelo se asienta un parking privado, sigue vigente. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que lleva entusiasmado con este tema desde hace una década, emprendiendo una cruzada contra la exedil de Urbanismo Áurea Soto (PSOE), al considerar un "robo a los ourensanos" la explotación del aparcamiento en una "zona pública", promete ahora "recuperarlo" para el Concello, en una operación que requeriría una millonaria expropiación, según las fuentes consultadas, y que amenaza con ser otro plan frustrado. Indemnizaciones Las fuentes consultadas hablan de indemnizaciones suculentas en caso que se dé el paso de desalojar al aparcamiento, como pide la defensa de la parte demandante, que ha pedido la revisión de las licencias concedidas en su día en base a la legalidad que regía entonces –el PXOM de 2003 que tumbó la Justicia-. La intrahistoria Detrás de este complejo lío judicial, que se sucede desde el año 2003, hay un entramado urbanístico y legal con enfrentamientos entre el gobierno local, una vecina, el entorno de un constructor y el propio Jácome desde que empezó como edil en la oposición. En el medio de todo ello subyace otro conflicto abierto durante años, el de una parcela en As Lagoas en la que el gobierno bipartito PSOE-BNG denegó en su día la posibilidad de construir un párking subterráneo, y que es propiedad del mismo constructor que ha recurrido contra la situación de la plaza de San Antonio en paralelo a Jácome durante los últimos años. Concesión de licencia en 2002 En 2001, el gobierno municipal concedió licencia para edificar viviendas y un aparcamiento donde antes se asentaba un convento de monjas en San Antonio. En 2002 se dio licencia de ocupación y actividad del parking en el subsuelo –de uso público y titularidad privada–. Entonces regía el plan de urbanismo de 1986 –el mismo que ahora, a la espera del nuevo–. Los problemas empezaron con una denuncia de una vecina de Bedoya, que recurrió la concesión de la licencias debido a que la fachada de su edificio pasaba a dar a un patio de luces con esta nueva obra, mencionando en este punto que la plaza debería ser de uso público. Aprobación y caída del Pxom El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado en 2003 –anulado después en 2008 por la Justicia– recogía la edificación realizada en la plaza así como la "titularidad privada" del aparcamiento. En junio de 2004, sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló las licencias, una decisión que confirmó después el Supremo. Desde entonces, más recursos, cambios de gobierno, irrupción de Jácome en escena y judicialización de la política local. El Concello, aun con el PP al frente, interpuso un incidente de inejecución –una alegación de que reponer la legalidad causaría más perjuicios que mantener la situación irregular– que aludía a que el nuevo PXOM legalizaba la situación. Llegada del bipartito Una vez que el bipartito PSOE-BNG llego al gobierno (2011) , la nueva edil de Urbanismo, Áurea Soto, pidió informe jurídico sobre el incidente de inejecución planteado por el gobierno anterior, que al ser señalado como "correcto", llevó a la nueva junta de gobierno a pedir también la inejecución y la legalización. Entonces llegó un hecho deteminante: en 2008, el TSXG anulaba el plan de urbanismo, sin embargo, la misma sala admitió la inejecución de la sentencia pedida por el bipartito, teniendo en cuenta que cuando se había concedido la licencia de legalización (2007) el PXOM aún no había sido anulado por sentencia firme. Vía penal A partir de ahí, llegó el recurso del entorno de un constructor contra estas licencias y, tres meses más tarde, la denuncia penal contra Áurea Soto por parte de Democracia Ourensana acompañada de una querella de ese mismo empresario. El juico abierto llevó a dimitir a la exedil de Urbanismo, aunque fue absuelta en 2016 de todos los cargos, al reconocer el magistrado que las licencias de 2007 se otorgaron en base al plan de 2003 entonces vigente, por lo que no cabría ningún tipo de prevaricación. Procedimiento de revisión Una vez absuelta de la vía penal, se retomó el contencioso contra Áurea Soto. En sentencia de febrero de 2018, el juez reafirmó que era "cierto e indiscutible" el carácter público del subsuelo en el que se ubica el parking y activó un "procedimiento de revisión de oficio" de las licencias. Ese es el punto en el que ahora se encuentra esta "cruzada", ya que ni siquiera fue recurrido entonces por el Concello (ya con el PP al frente) ni por los gestores del aparcamiento que se vería afectado, estos últimos convencidos de que en caso de que estas licencias se acaben echando atrás por el carácter público del subsuelo y quieran desalojarlos deberán llegar unas suculentas indemnizaciones. El alcalde anuncia su intento de quedarse con los bajos de la céntrica plaza pero todavía no ha explicado cómo El procedimiento de revisión de oficio de las licencias está a la espera de la resolución de recursos. Hace un año, agosto de 2019, el Consello Consultivo dictaminó que no eran anulables porque se tomaron de acuerdo a la legalidad vigente en 2007. La junta de gobierno, ese mismo mes, ratificaba esa visión y daba luz verde a su legalidad. Ahora debe ser el juzgado quien atienda el recurso interpuesto por la parte demandante contra esta última decisión de la junta de gobierno. Las licencias fueron anuladas y después legalizadas, pero siguen pendiente de un recurso. El problema de fondo, sobre el que el actual alcalde no se ha pronunciado, es que al haber sido concedidas por el Concello, si se quiere aprovechar ese subsuelo y echar a los que ahora lo explotan debería indemnizar a los propietarios. ¿El coste? Incierto, pero millonario.