Pilar de Lara también advierte de una posible financiación 'ilícita' del PP en el Concello de Santiago -señalando hasta 11 presuntas irregularidades diferentes- y del PSOE en esa misma ciudad -en este caso utilizando a a la empresa Imprenta Ibérica en connivencia con otras, entre ellas Aquagest- en otras dos piezas separadas.
PIEZA 5: CONCELLO DE SANTIAGO
Se articula en torno a las presuntas irregularidades cometidas en diversas concejalías del Concello de Santiago, por ediles y funcionarios. Sostiene la jueza que se habrían concertado con diversos grupos empresariales para adjudicarles de forma irregular concursos convocados por ese consistorio, influyendo en los técnicos encargados de la contratación. A cambio, las empresas realizarían, presuntamente, sobornos 'en sus distintas modalidades' -dinero, viajes, joyas, etcétera-. Es ahí donde incluye las 'irregularidades consistentes en supuesta financiación ilícita del PP, a cambio de contratos', en este caso 'mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios en el Ayuntamiento de Santiago' o 'pagos de dinero para sufragar actos del Ayuntamiento y ajenos completamente a la actividad municipal pero que responden a compromisos electorales o de algún cargo político'.
Además, detalla 'hechos' de 'ilícita adjudicación' de un contrato de servicios de gestión de expedientes sancionadores de tráfico a favor de la empresa GRS ARC Local; la presunta 'adjudicación ilícita' de un contrato de suministros de autobuses financiados con fondos Feder, 'vulnerando las normas legales vigentes', a favor de Talleres La Campiña; el 'favorecimiento de determinadas empresas, a las que se da información privilegiada manipulando los concursos para darles determinadas adjudicaciones'; la 'contratación de enchufados por empresas concesionarias de obras y servicios' del Concello santiagués; retirada de multas; aceptación de regalos por razón del cargo; 'tratos de favor a determinados establecimientos para evitar expedientes sancionadores; 'irregularidades urbanísticas alrededor de la Finca do Espiño' y 'tráficos de influencia cometidos por y a favor de Jesús Fuentes Maceira'.
En esta pieza están imputados el exalcalde Gerardo Conde Roa; los ediles y exediles José Albino Vázquez, Angel Espadas y Adrián Varela y otros siete técnicos y empresarios.
PIEZA 8: EL PSOE SANTIAGUÉS
En esa pieza se investigaría, según la jueza, la 'supuesta financiación ilegal del PSOE de Santiago de Compostela', que pudo haber utilizado la empresa Imprenta Ibérica 'que, en connivencia con otras, entre ellas Aquagest, habría elaborado facturas falsas por un elevado importe de dinero, lo que podría constituir un delito de falsedad documental y delito electoral'. En este asunto estarían imputados Antonio Luis Murcia Piñeiro, el concejal socialista Bernardino Higinio Rama, José Luis Míguez y Henry Gómez Laíño, que fue gerente de Aquagest en Ourense y en Santiago.
Se articula en torno a las presuntas irregularidades cometidas en diversas concejalías del Concello de Santiago, por ediles y funcionarios. Sostiene la jueza que se habrían concertado con diversos grupos empresariales para adjudicarles de forma irregular concursos convocados por ese consistorio, influyendo en los técnicos encargados de la contratación. A cambio, las empresas realizarían, presuntamente, sobornos 'en sus distintas modalidades' -dinero, viajes, joyas, etcétera-. Es ahí donde incluye las 'irregularidades consistentes en supuesta financiación ilícita del PP, a cambio de contratos', en este caso 'mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios en el Ayuntamiento de Santiago' o 'pagos de dinero para sufragar actos del Ayuntamiento y ajenos completamente a la actividad municipal pero que responden a compromisos electorales o de algún cargo político'.
Además, detalla 'hechos' de 'ilícita adjudicación' de un contrato de servicios de gestión de expedientes sancionadores de tráfico a favor de la empresa GRS ARC Local; la presunta 'adjudicación ilícita' de un contrato de suministros de autobuses financiados con fondos Feder, 'vulnerando las normas legales vigentes', a favor de Talleres La Campiña; el 'favorecimiento de determinadas empresas, a las que se da información privilegiada manipulando los concursos para darles determinadas adjudicaciones'; la 'contratación de enchufados por empresas concesionarias de obras y servicios' del Concello santiagués; retirada de multas; aceptación de regalos por razón del cargo; 'tratos de favor a determinados establecimientos para evitar expedientes sancionadores; 'irregularidades urbanísticas alrededor de la Finca do Espiño' y 'tráficos de influencia cometidos por y a favor de Jesús Fuentes Maceira'.
En esta pieza están imputados el exalcalde Gerardo Conde Roa; los ediles y exediles José Albino Vázquez, Angel Espadas y Adrián Varela y otros siete técnicos y empresarios.
PIEZA 8: EL PSOE SANTIAGUÉS
En esa pieza se investigaría, según la jueza, la 'supuesta financiación ilegal del PSOE de Santiago de Compostela', que pudo haber utilizado la empresa Imprenta Ibérica 'que, en connivencia con otras, entre ellas Aquagest, habría elaborado facturas falsas por un elevado importe de dinero, lo que podría constituir un delito de falsedad documental y delito electoral'. En este asunto estarían imputados Antonio Luis Murcia Piñeiro, el concejal socialista Bernardino Higinio Rama, José Luis Míguez y Henry Gómez Laíño, que fue gerente de Aquagest en Ourense y en Santiago.
