Una sentencia firme del Tribunal Superior, emitida en 1999, obliga al Concello a ejecutar la demolición parcial del edificio situado en el antiguo número 54 de la avenida de As Caldas (el 36 actual). Dado que el anterior gobierno municipal no hizo nada para cumplir la sentencia, el actual debe buscar ahora una solución (sería a través de una indemnización) a este nuevo conflicto urbanístico, después de que el Tribunal Superior de Xustiza emitiese un auto en el que obliga al Concello a cortar los suministros en tres meses.
Un nuevo conflicto urbanístico ha pasado a engrosar la extensa lista de problemas pendientes que debe solucionar el Concello de Ourense. Se trata, además, de una más de las herencias dejadas por el anterior grupo de gobierno, liderado por Manuel Cabezas, dado que la sentencia de demolición parcial es firme desde el dictamen del Tribunal Supremo en 1999, contra la que el Concello tan sólo presentó una solicitud de inejecución en 2002 (que fue asimismo rechazada por el juez en 2005).
Ahora, el Tribunal Superior de Xustiza ha emitido un auto que obliga al Concello a dejar libre el edificio, mediante el cese de los suministros de agua, luz y gas, una vez que realice el proyecto de demolición, dando un plazo de tres meses para ello.
El inmueble en cuestión está situado en el antiguo número 54 de As Caldas (hoy, 36) y cuenta con 12 viviendas. El conflicto se originó ya en la década de los 80, cuando el actual número 37 de la avenida de Marín denunció al edificio por la reducción de luces y vistas. Así, la licencia del inmueble de As Caldas fue anulada en 1989, (siendo tal anulación firme desde 1992, por lo que desde entonces la ocupación de la vivienda es ilegal) originándose así un pleito judicial que culminó en 1999 con la sentencia firme del Tribunal Superior que obliga a la demolición parcial de la parte posterior del edificio de modo que pueda circunscribirse un patio interior.
Tras la petición de ejecución de la sentencia por parte de los denunciantes, el Concello solicitó el 26 de noviembre de 2002 una solicitud de inejecución que fue rechazada el 13 de diciembre de 2005 por parte del Tribunal Superior de Xustiza. Y pese a que los denunciantes volvieron a reclamar las medidas dictadas por los jueces el 15 de enero de 2007, el Concello de Ourense, liderado por Manuel Cabezas desde el inicio del conflicto, volvió a hacer caso omiso de los requerimientos judiciales.
Este hecho fue subrayado en el último auto judicial al respecto, emitido en febrero de este año, en el que los magistrados de la sala de lo contencioso del TSXG señalan que resulta evidente que o Concello non ten intención ningunha de executa-la sentencia, dado que dende o ano 1999 nada fixo efectivo ó respecto, limitándose a abusar das garantías procesuais.
Mediante ese auto, el TSXG obliga ahora al Concello a dejar libre y sin suministros al inmueble, dando de plazo tres meses para realizar el proyecto de demolición y contratar a la empresa que lo ejecute.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, explica que los técnicos están trabajando intensamente para evitar el derribo parcial del edificio (que conllevaría costes para desalojar y alojar a los vecinos, para el proyecto, para ejecutarlo y pagar también los daños causados en los edificios colindantes). Esta medida pasaría por acordar una indemnización con los denunciantes, según la concejala socialista, tal y como sucedió recientemente con el conflicto urbanístico de la Praza de San Antonio, y como ocurrió hace 20 años con un inmueble de Camiño Caneiro.
Ahora, el Tribunal Superior de Xustiza ha emitido un auto que obliga al Concello a dejar libre el edificio, mediante el cese de los suministros de agua, luz y gas, una vez que realice el proyecto de demolición, dando un plazo de tres meses para ello.
El inmueble en cuestión está situado en el antiguo número 54 de As Caldas (hoy, 36) y cuenta con 12 viviendas. El conflicto se originó ya en la década de los 80, cuando el actual número 37 de la avenida de Marín denunció al edificio por la reducción de luces y vistas. Así, la licencia del inmueble de As Caldas fue anulada en 1989, (siendo tal anulación firme desde 1992, por lo que desde entonces la ocupación de la vivienda es ilegal) originándose así un pleito judicial que culminó en 1999 con la sentencia firme del Tribunal Superior que obliga a la demolición parcial de la parte posterior del edificio de modo que pueda circunscribirse un patio interior.
Tras la petición de ejecución de la sentencia por parte de los denunciantes, el Concello solicitó el 26 de noviembre de 2002 una solicitud de inejecución que fue rechazada el 13 de diciembre de 2005 por parte del Tribunal Superior de Xustiza. Y pese a que los denunciantes volvieron a reclamar las medidas dictadas por los jueces el 15 de enero de 2007, el Concello de Ourense, liderado por Manuel Cabezas desde el inicio del conflicto, volvió a hacer caso omiso de los requerimientos judiciales.
Este hecho fue subrayado en el último auto judicial al respecto, emitido en febrero de este año, en el que los magistrados de la sala de lo contencioso del TSXG señalan que resulta evidente que o Concello non ten intención ningunha de executa-la sentencia, dado que dende o ano 1999 nada fixo efectivo ó respecto, limitándose a abusar das garantías procesuais.
Mediante ese auto, el TSXG obliga ahora al Concello a dejar libre y sin suministros al inmueble, dando de plazo tres meses para realizar el proyecto de demolición y contratar a la empresa que lo ejecute.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, explica que los técnicos están trabajando intensamente para evitar el derribo parcial del edificio (que conllevaría costes para desalojar y alojar a los vecinos, para el proyecto, para ejecutarlo y pagar también los daños causados en los edificios colindantes). Esta medida pasaría por acordar una indemnización con los denunciantes, según la concejala socialista, tal y como sucedió recientemente con el conflicto urbanístico de la Praza de San Antonio, y como ocurrió hace 20 años con un inmueble de Camiño Caneiro.
