El portavoz del grupo popular, Rosendo Fernández, ha informado hoy en rueda de prensa de una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la licencia de obra otorgada por la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense de 2011- para la construcción del centro de salud en el barrio de O Vinteún.
El TSXG, en escrito con fecha 31 de octubre, señala que la licencia fue revocada por el Juzgado del Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, dejándola sin efecto por la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), indicaron las mismas fuentes.
La sentencia anulaba esta licencia municipal en primera instancia por presuntas irregulares en la cesión de los terrenos, derivadas del incumplimiento de los propietarios en el desarrollo de un polígono, (la ley exige que se haga antes de otorgar la licencia, aclaran los populares), y que en este caso se hizo 'al revés'.
'Aunque el Sergas quisiera comenzar de inmediato la construcción de este necesario centro de saúde, sería imposible porque la ley exige reparcelar (desarrollar el polígono) y después, dar la licencia', insistió.
Fernández censuró que 'ayer el señor alcalde pusiera como pilar fundamental de su declaración institucional esta infraestructura', cuando existe una sentencia, que fue notificada en el Consistorio, que declara nula la licencia otorgada a la Xunta.
'O el señor alcalde no se entera de lo que sucede en el Ayuntamiento, o mintió descarada y deliberadamente', indicó el popular, para recordar que si el centro de salud no se construye 'es sólo por causa de los errores de gestión y de las chapuzas de este gobierno municipal'.
Así, Fernández, quien criticó que el centro de salud se haya convertido en 'foco de promesas electorales' posteriormente incumplidas, advirtió: 'A ver ahora con qué cara le explica el señor alcalde a los vecinos de este barrio el motivo por el que hoy en día no se podría poner la primera piedra'.
La junta de gobierno otorgó la licencia de obra al Sergas el '2 de marzo de 2011', pero sin embargo, la licencia, recordó la concejala Mónica Mourelo, fue revocada con posterioridad por el juzgado, dejándola sin efecto.
El tribunal superior desestimó el pasado mes de octubre el recurso de apelación promovido por el gobierno local y condena al Consistorio al pago de las costas procesales, que según los populares podrían ascender a '50.000 euros' para las arcas municipales.
La denuncia del PP se produce un día después de que el alcalde anunciase que iba a tomar 'un papel activo' en defensa de las infraestructuras sanitarias de la ciudad, hecho que el portavoz popular tildó de 'tragicomedia'.
