Tres sentencias del los juzgados Contencioso-Administrativo número 1 y 2 de Ourense obligarán al Concello a devolver los ingresos por el impuesto de plusvalías (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana). Estas tres resoluciones aplican la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, que anula este impuesto. La concejala de Facenda, Ana Morenza, ya había advertido el pasado mes de octubre que esta decisión supondría una disminución de más de siete millones de euros en los ingresos.
Además, la junta de gobierno del Concello dio luz verde, como avanzó este periódico, a la licencia de obra para levantar una residencia de mayores en A Ponte, entre las rúas Vicente Risco y Ramón y Cajal, con un presupuesto de 3,14 millones. La edil de Urbanismo, Sonia Ogando, aprovechó para lamentar el “bloqueo contumaz e mezquino” de PSOE, BNG y no adscritos, “salvo Caride” -precisó-, a la residencia de mayores en O Pino. Y lo comparó con este proyecto en A Ponte: “Un exemplo claro do tipo de política que facemos uns e outros”. n
