Amenizar con música las bodas y banquetes celebrados en su complejo hostelero teniendo una prohibición judicial por no haber pagado el canon a la SGAE puede costarle dos años de prisión a un hostelero de Vilamartín.
El impago del canon de la Sociedad General de Autores (SGAE) sentó ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense a un hostelero de Vilamartín, administrador único de un complejo hotelero de la zona. Bautista A.R. está acusado de un presunto delito contra la propiedad intelectual, por el que la fiscal solicita para él un año y tres meses de prisión y multa de 9.720 euros, y otro presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, por el que la acusación pública pide nueve meses de prisión.
Una sentencia de un juzgado de O Barco, de junio de 2003, obligaba al acusado a obtener de la SGAE una autorización en relación a los bailes celebrados en sus instalaciones. La resolución judicial fue confirmada un año después por la Audiencia provincial, de forma que en enero de 2005, la empresa del acusado fue requerida para que se abstuviera de organizar los bailes sin previa autorización de la SGAE (y pago del canon).
A pesar de estos antecedentes, la fiscal y la SGAE (que se persona en la causa como acusación particular) sostienen que el acusado continuó con la actividad que le había sido expresamente prohibida. Se basan, principalmente, en el informe de un detective privado contratado por la SGAE en el que se comprobaba -con un vídeo- que el 20 de mayo de 2006 había el local del acusado un grupo musical que amenizaba el baile interpretando canciones en directo sin tener la autorización de la SGAE. La fiscal acusa al hostelero solamente por esta ocasión, mientras que la acusación particular califica los hechos como un presunto delito continuado. Solicita un año de prisión por el supuesto delito de desobediencia y seis meses más de cárcel por el delito contra la propiedad intelectual.
Perjuicios
Por su parte, el acusado aseguró ayer en el juicio que, desde que la orden judicial le obligaba a obtener una autorización de la SGAE, nunca volvió a organizar en su establecimiento un evento con música en directo que requiriera del pago de este canon.
La SGAE valora los perjuicios ocasionados en 18.890 euros por la música en bodas y banquetes en el establecimiento del acusado sin haber pagado el canon, cifra que pide le sea devuelta por él.
Una sentencia de un juzgado de O Barco, de junio de 2003, obligaba al acusado a obtener de la SGAE una autorización en relación a los bailes celebrados en sus instalaciones. La resolución judicial fue confirmada un año después por la Audiencia provincial, de forma que en enero de 2005, la empresa del acusado fue requerida para que se abstuviera de organizar los bailes sin previa autorización de la SGAE (y pago del canon).
A pesar de estos antecedentes, la fiscal y la SGAE (que se persona en la causa como acusación particular) sostienen que el acusado continuó con la actividad que le había sido expresamente prohibida. Se basan, principalmente, en el informe de un detective privado contratado por la SGAE en el que se comprobaba -con un vídeo- que el 20 de mayo de 2006 había el local del acusado un grupo musical que amenizaba el baile interpretando canciones en directo sin tener la autorización de la SGAE. La fiscal acusa al hostelero solamente por esta ocasión, mientras que la acusación particular califica los hechos como un presunto delito continuado. Solicita un año de prisión por el supuesto delito de desobediencia y seis meses más de cárcel por el delito contra la propiedad intelectual.
Perjuicios
Por su parte, el acusado aseguró ayer en el juicio que, desde que la orden judicial le obligaba a obtener una autorización de la SGAE, nunca volvió a organizar en su establecimiento un evento con música en directo que requiriera del pago de este canon.
La SGAE valora los perjuicios ocasionados en 18.890 euros por la música en bodas y banquetes en el establecimiento del acusado sin haber pagado el canon, cifra que pide le sea devuelta por él.
