El Concello rechazó abonar gastos de defensa de un técnico y un director xeral por el 'caso paneles'.
"Que cada imputado asuma o custe procesal dos seus procedementos. Non temos (el Concello) por que pagar unha asistencia xurídica". El portavoz del PP, Rosendo Fernández, lanzaba el martes esta advertencia a los miembros del gobierno municipal -el alcalde, Agustín Fernández, y las tenientes de alcalde Áurea Soto y Marga Martín- imputados por el proceso de adjudicación de las obras de Bedoya. Sin embargo, los costes no parecen preocupar únicamente en la oposición porque, de hecho, los socialistas se están planteando financiarlos con fondos de la asignación económica que anualmente recibe del Concello el grupo socialista -que asciende a 64.800 euros anuales-, según reconocía ayer la concejala Áurea Soto.
Hasta ahora, Soto se ha enfrentado ya a otras cuatro denuncias, una de las cuales ha sido archivada. Precisamente ésa -relacionada con la construcción de un muro en el matadero- fue la única que, según ella, fue defendida por los servicios jurídicos del Concello, mientras que el resto de los casos en que ha comparecido hasta la fecha -plaza de San Antonio, y el próximo lunes confidencialidad del Plan Xeral- los pagó de su bolsillo. "Me he pagado yo el abogado y las periciales que he encargado", asegura.
También la defensa de Marga Martín en el procedimiento del servicio de ayuda a domicilio corre de su cuenta, según Soto. Una situación que, afirma, podría variar tras las nuevas imputaciones por el "caso Bedoya", al plantearse recurrir a la asignación del grupo, una posibilidad que podría afectar a la ya complicada convivencia de los concejales socialistas.
Otro de los imputados por las obras de Bedoya, el exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, asegura mientras que recurrirá a un abogado de oficio para comparecer ante el juez porque "a miña situación económica non me permite costear un avogado de pago". Así, el exconcejal ya abonó en su día 18.000 euros por su defensa en el denominado "caso de los paneles", del que finalmente fue absuelto.
Precisamente, en aquel procedimiento, el exdirector xeral de Turismo, David Cortón, y el funcionario imputado reclamaron al Concello los gastos de la defensa. En una primera resolución, la institución desestimó esta pretensión, si bien todavía tienen la posibilidad de recurrirla.
