El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, puede ser juzgado por hasta cuatro delitos si prospera el escrito de acusación de la Asociación para o Progreso do Ribeiro, que el abogado de la misma, José Arcos, presentó ayer mismo en el Juzgado de Ribadavia, que recientemente comunicó en un auto que daba por concluidas las diligencias previas, cambiaba el proceso a un procedimiento abreviado y daba cuenta a las partes para que pidiesen el archivo de la causa o formulasen escritos de acusación y apertura de juicio oral.
La defensa de Rogelio Martínez y el fiscal pidieron el sobreseimiento o archivo del proceso, pero las acusaciones particulares, que ejercen la mencionada asociación (ligada al PSdeG) y el BNG, pedirán apertura de juicio oral. Los nacionalistas presentarán hoy el escrito correspondiente al juez.
PENAS Y DELITOS
El representante legal de la asociación considera al delegado territorial responsable de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos; del primer delito porque, 'a sabiendas de su injusticia, toda vez que conocía que los promotores de los proyectos de subvenciones no cumplían los requisitos para la obtención de las mismas, 'y que no habían destinado los recursos necesarios para la ejecución material de los proyectos, dictó 'resoluciones de pago' de las ayudas. Sostiene que también cometió falsedad documental, malversación y fraude porque tanto él como el gerente de Ceivam, Juan Emilio Aparicio, y el responsable financiero de la entidad, Pablo Fernández, junto al responsable de una sociedad que recibió subvenciones, Gumersindo Alvarez, certificación la realización de obras no ejecutadas y autorizaron la transferencia de las ayudas, cobradas por los beneficiarios mencionados.
La notificación enviada por la Asociación para o Progreso do Ribeiro también pide apertura de juicio oral por falsedad, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos contra el gerente de Ceivam -la entidad creada para la captación de fondos europeos entre 1999 y 2001-, Juan Emilio Aparicio y el responsable administrativo, Pablo Fernández; de falsedad documental contra el ingeniero autor de varios proyectos, Miguel Reza Paz; y fraude de subvenciones contra los receptores de ayudas Gumersindo Alvarez Rodríguez -a éste le añade también los supuestos delitos de malversación y falsedad- y Gumersindo Alvarez Martínez, Alfredo Lázaro Gutiérrez, Severino Vieira, Ramón Souto, Adrián Souto y Carmen Gallego.
Esta acusación particular pide para Rogelio Martínez 10 años de inhabilitación especial (para empleo público), seis años de prisión por falsedad en documento público, otros cinco años de cárcel por fraude se subvenciones y otros seis por malversación; en total, 17 años. También pide diferentes penas de prisión para los otros responsables de Ceivam y para Gumersindo Alvarez Rodríguez, y un año de prisión y multa para los beneficiarios de las ayudas.
Además, cree que deben reintegrar el importe del doble de lo defraudado, en total 186.000 euros que deberían depositar de forma solidaria los cuatro acusados principales.
PENAS Y DELITOS
El representante legal de la asociación considera al delegado territorial responsable de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos; del primer delito porque, 'a sabiendas de su injusticia, toda vez que conocía que los promotores de los proyectos de subvenciones no cumplían los requisitos para la obtención de las mismas, 'y que no habían destinado los recursos necesarios para la ejecución material de los proyectos, dictó 'resoluciones de pago' de las ayudas. Sostiene que también cometió falsedad documental, malversación y fraude porque tanto él como el gerente de Ceivam, Juan Emilio Aparicio, y el responsable financiero de la entidad, Pablo Fernández, junto al responsable de una sociedad que recibió subvenciones, Gumersindo Alvarez, certificación la realización de obras no ejecutadas y autorizaron la transferencia de las ayudas, cobradas por los beneficiarios mencionados.
La notificación enviada por la Asociación para o Progreso do Ribeiro también pide apertura de juicio oral por falsedad, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos contra el gerente de Ceivam -la entidad creada para la captación de fondos europeos entre 1999 y 2001-, Juan Emilio Aparicio y el responsable administrativo, Pablo Fernández; de falsedad documental contra el ingeniero autor de varios proyectos, Miguel Reza Paz; y fraude de subvenciones contra los receptores de ayudas Gumersindo Alvarez Rodríguez -a éste le añade también los supuestos delitos de malversación y falsedad- y Gumersindo Alvarez Martínez, Alfredo Lázaro Gutiérrez, Severino Vieira, Ramón Souto, Adrián Souto y Carmen Gallego.
Esta acusación particular pide para Rogelio Martínez 10 años de inhabilitación especial (para empleo público), seis años de prisión por falsedad en documento público, otros cinco años de cárcel por fraude se subvenciones y otros seis por malversación; en total, 17 años. También pide diferentes penas de prisión para los otros responsables de Ceivam y para Gumersindo Alvarez Rodríguez, y un año de prisión y multa para los beneficiarios de las ayudas.
Además, cree que deben reintegrar el importe del doble de lo defraudado, en total 186.000 euros que deberían depositar de forma solidaria los cuatro acusados principales.
