La exedil de Urbanismo los quiere en el juicio de la Praza de San Antonio y su abogado anuncia querellas contra la denunciantes, el juez y el fiscal
Puede decirse que Aurea Soto y su abogado, Carlos Hernández, han pasado al "contraataque" ante el juicio que se celebrará contra ellos por prevaricación urbanística a propósito de la Praza de San Antonio. En sus escritos de defensa previos a la vista, el letrado anuncia que, de ser absuelto, iniciará "persecución criminal" contra la empresaria, el juez y el fiscal que le sentarán en el banquillo y la exconcejala de Urbanismo de Ourense pretende que tres magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Supremo sean testigos de la defensa en el juicio que contra ella se desarrollará en el Pazo de Xustiza de Ourense, por prevaricación urbanística a propósito de la legalización de la urbanización de la Praza de San Antonio y la licencia concedida para un parking subterráneo privado en el subsuelo de la misma.
Los testigos
El escrito de defensa de la exedil, a la que el abogado coruñés Carlos Hernández acompaña como encausado en esta vista, propone, además de a varios técnicos municipales, a José Antonio Méndez Barrera, magistrado y presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior Gallego; José María Arrojo Martínez, magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del mismo tribunal, ya Juan Carlos Trillo Alonso, ahora magistrado de la Sección Sexta de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pero que en la fecha de la concesión de la licencia que se discute era magistrado en el TSXG. Quiere su testimonio porque fueron ellos los autores y firmantes del auto que, según Soto, avaló en el año 2009 las licencias concedidas por la entonces concejala de Urbanismo en esa plaza.
Aquel auto judicial del 15 de enero de 2009 estimó el incidente de inejecución (de sentencia anulatoria de todo lo edificado) promovido por el Concello y desestimar el de nulidad de actuaciones promovido por la demandante que pleiteaba desde una década antes. Esa resolución no apreciaba caudas de nulidad, infracción patente, procedimental o de fondo sobre la normativa aplicable, de ahí que, entiende el escrito de defensa de Soto, ya no haya lugar a plantear ninguna discusión sobre la concesión de las licencias ante la vía penal, como así ha ocurrido por parte de la acusación popular, que ejerce la promotora Casas Orense, de Cristina Rodríguez.
Pero además, alega, en el momento de decidir sobre la concesión de los permisos y la legalización de la plaza, "ni el PGOU del año 2003 había sido anulado por sentencia firma (y sí permitía el uso privado del subsuelo público), ni se había suspendido su ejecutividad, y por ello esta decisión tenía que ser tomada atendiendo a sus determinaciones, ya que la concesión de la licencia es un acto reglado, y tiene por ello que ser concedida si se ajusta a la normativa aplicable".
A la defensa de la exconcejala le parece de gran relevancia el testimonio de los magistrados porque dos de ellos dictaron también la sentencia anulatoria de las licencias anteriores a la modificación del Plan de 2003, la que echaba abajo la urbanización, en tiempos del gobierno municipal del PP.
"Este ataque que se realiza contra las licencias sobre las que descartaron cualquier tipo de nulidad los magistrados de la Sala, no puede proseguir sin al menos oír a los que dictaron el auto de inejecución", calificando también de "ataque contra una resolución judicial firme", las tesis del fiscal, el juez instructor del proceso y la acusación popular.
La persecución criminal
El escrito de defensa de Carlos Hernández incorpora un "otro sí", en el que, cuando la sentencia "absolutaria" que está seguro de que se producirá sea firme, pedirá deducción de testimonio de los particulares que ya reseñará y la remisión al Juzgado para la "persecución criminal" de Cristina Rodríguez, el juez instructor del proceso -Leonardo Alvarez- y, en su caso, del representante del Ministerio Fiscal por los supuestos delitos de acusación y denuncia falsa en el primer caso, y prevaricación en los otros dos.
