El ministerio público abrió una investigación para dilucidar si injurió al magistrado que la llevó a juicio
La exconcejala socialista de Urbanismo del Concello de Ourense Áurea Soto compareció ante el fiscal jefe, Florentino Delgado, durante casi dos horas en el marco de las diligencias de investigación por un delito de injurias a un magistrado, el mismo que instruyó las diligencias penales que la sentaron en el banquillo por la legalización del entorno de la plaza de San Antonio, causa en la que fue absuelta en dos instancias.
La exedil se ratificó en el contenido del alegato que hizo en su derecho a la última palabra durante el juicio, arremetiendo contra el juez y también contra la fiscalía por ejercer la acusación pública. En ese momento, aseguró que el juez Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1, había falsificado un auto de 15 de enero de 2009 del TSXG.
Precisamente, la edil comenzó su declaración ante el fiscal, asistida por un letrado, recordando la definición que el diccionario de María Moliner y la Real Academia de la Lengua da al verbo "falsificar". Y, según insistió, el juez "falseó" cuando argumentó su decisión de llevarla a juicio con un entrocomillado del TSXG "que no existen en nada referido a este asunto". "Lo hace porque el párrafo verdadero le impide al juez que se plantee ningún tipo de discusión sobre la concesión de las licencias ante la jurisdicción penal al no apreciar la sala causa alguna de nulidad, infracción patente, procedimental o de fondo de la normativa aplicable".
Soto también le recordó al fiscal que el auto de apertura de juicio oral le atribuye la propuesta de indemnización a una vecina por pérdida de luces cuando la documentación aportada a las diligencias demostraba que "la propuesta la hizo y la firmó la viceasesora jurídica municipal".
La concejala se consiera "víctima de una trama orquestada por Democracia Ourense y el promotor Bautista Rodríguez", quien, según ella, "él y su entorno dirigieron el urbanismo de la ciudad durante 12 años de gobierno del PP. El objetivo, reiteró una vez más, "echar a los intrusos y recuperar la gestoría "Concello de Ourense" para sus dueños naturales".
Y echó en falta la protección de jueces y la fiscalía ante los desmanes de la supuesta trama, cuestionando la defensa de los derechos de los ciudadanos que le tiene encomendada la Constitución.
El fiscal jefe tendrá ahora que decidir si ve indicios de delito para sostener una querella ante el juzgado por injurias a una autoridad (artículo 215 del Código Penal).
