Mientras que los casos penales aumentaron, descendieron los pleitos más gravosos para el ciudadano.
La Ley de Tasas que tanta oposición encontró en la Administración de Justicia ha impactado de forma notoria a sólo un año vista de su desarrollo práctico. Las apelaciones civiles ante la Audiencia (sentencias de primer a instancia que se recurren) y las demandas presentadas en los juzgados contencioso-administrativo (pleitos entre el ciudadano y las administraciones públicas) se han reducido en una 15,77% y un 18,27% , respectivamente , durante el pasado año.
El presidente de la Audiencia de Ourense, Fernando Alañón, tiene claro que la razón de ser de la bajada en la estadística es la incidencia de las tasas ya que en el resto de jurisdicciones la litigiosidad aumentó. Según destaca, la reducción de asuntos es significativa en los dos juzgados de lo contencioso (604 ingresados en 2013) en los que ha percutido, además de las tasas, "la modificación operada en la legislación que determina la regla de imposición de las costas del recurso contencioso administrativo al particular, situación que incrementa de modo sensible los costes hipotéticos de acceso a la jurisdicción".
Los abogados, el colectivo que más se ha opuesto a la Ley de Tasas, creen que los datos evidencian la "sinrazón" de una de las primeras medidas adoptada por el Ministerio de Justicia del PP al llegar al Gobierno. "Está claro que no tiene sentido reclamar en el juzgado contencioso-administrativo una multa de tráfico en la que se discuten 200 euros cuando hay que abonar otros 200 de tasas", ejemplifica el decano del Colegio de Abogados de Ourense, Arturo González. Y expresa en voz alta el sentir de la abogacía: "Intentar arreglar la Administración de Justicia recortando el derecho del ciudadano al acceso de los tribunales es inconstitucional".
En el ámbito civil, la nada desdeñable cifra de 800 euros, que implica la cuota fija de la tasa judicial para la interposición del recurso de apelación en la Audiencia, redujo el número de asuntos que llegan a la segunda instancia (625 ingresó la primera sección de ese órgano). Sin olvidar, que la ley impedía ya recurrir asuntos inferiores a 3.000 euros.
No obstante, según Alañón, se arrastraba una pendencia importante. De hecho, el pasado año se inició con 646 recursos pendientes y 2014 comenzó con 552, resolviendo 719 en 12 meses.
Por contra, aumentó el volumen de entrada en la jurisdicción penal pues es mayor el número de asuntos cuya resolución se deriva ahí como alternativa a la costosa utilización de la vía civil. Esta realidad es particularmente llamativa en la sección penal de la Audiencia donde se tramitaron 1.180 asuntos en un año (un 13% más que en 2012).
Los juzgados de instrucción también dan cuenta de esta tendencia. En la ciudad, los tres juzgados ingresaron 16.510 denuncias, un 3.54% más. Según constata el titular de Instrucción 2, Antonio Piña, la subida de diligencias se debe a dos motivos: "La crisis y las tasas, sobre todo, en lo relativo a los delitos societarios". Los magistrados de la ciudad -añade- "ven muchos impagos que deberían ir al ámbito civil y se trasladan al penal por denuncias de estafa" con el fin de evitar las tasas. En este sentido, añade que incluso hay intentos de tramitar en esta jurisdicción asuntos relacionados con la comercialización por algunas entidades financieras de deuda subordinada y participaciones preferentes o incluso concurso de acreedores. El magistrado matiza que los números no son insensibles a "la judicialización de la vida política de la ciudad".
En en el conjunto de la provincia, los juzgados y tribunales ingresaron 46.426 causas, lo que supone un 4,49% más que en 2012, y resolvieron 47.110. En Galicia, llegaron 464.109 (un 1,62% menos) y se solventaron 465.624. Mientras, en España, la cifras alcanzaron los 8.636.016, -un 3,8% menos- y los 8.875.557, respectivamente.
