Hasta 32 años y medio de prisión por 14 abusos sexuales a niñas menores de 16 años, dos de ellos intentados, ha impuesto la Audiencia de A Coruña a Juan Lara Cao, de 38 años, un cántabro que estuvo afincado en Ourense durante años, en donde también fue condenado por el mismo delito tanto por un juzgado de lo penal como por la Audiencia provincial.
La sentencia declara probado hechos que él mismo reconoció en la vista oral (admitió la autoría de nueve casos): seguía a las niñas que iban solas, escogidas al azar, a la salida del colegio hasta sus domicilios, llegando a arrinconarlas en portales de edificios para tocarles las piernas o sus partes íntimas, sobre todo las nalgas, para a continuación darse a la fuga. El inculpado admitió que le excitaba el contacto próximo con menores.
Aunque residía en Santiago, se desplazaba con frecuencia a la ciudad herculina, en donde cometió todos los delitos entre los meses de junio de 2018 y enero de 2019.
Afectación psicológica
Las menores no sufrieron secuelas a excepción de una ligera afectación psicológica consistente en problemas de insomnio y conductas de hipervigilancia ante el temor a salir solas a la calle y a mantener una actitud cautelosa cuando no estaban acompañadas.
La Audiencia coruñesa tuvo en cuenta a la hora de establecer las condenas la atenuante analógica de confesión. Colaboró reconociendo la mayoría de casos y que exterioriza, dice el fallo, "una clara voluntad de auxilio a la investigación". No determinante de su resultado (había suficiente prueba de cargo) "pero sí extraordinariamente facilitador del mismo".
No admitió cuatro casos pero las víctimas lo señalaron el reconocimiento fotográfico. Además, el modus operandi era el mismo: intentar una aproximación física tras acceder de manera furtiva tras las menores en el portal o la entrada de las viviendas y llegar en algunos casos a materializar el contacto físico ante la sorpresa o falta de reacción de sus víctimas.
La sala también le ha impuesto ocho años de libertad vigilada, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio y de acercarse a menos de 500 metros de cada una de las víctimas, a su domicilio o a su lugar de estudios o de trabajo durante siete años.
El condenado, además, ha sido inhabilitado para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante siete años.
En concepto de responsabilidad civil, deberá abonar un total de 23.000 euros, que serán repartidos entre las víctimas.
