El urbanismo del Concello de Ourense con Manuel Cabezas como alcalde y Ricardo Campo como edil de ramo, en el periodo comprendido entre 1997 y 2003, centrará la actividad judicial de la Audiencia provincial durante toda esta semana. Ambos están acusados de eximir a constructores y promotores de la entrega al patrimonio municipal del 10% del suelo en 15 proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado, lo que privó al Concello, según la fiscalía, de 1,6 millones de euros. Traducido al Código Penal, un delito continuado de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos. Los acusados aseguran que actuaron conforme a un acuerdo plenario de 15 de diciembre de 1994, con Veiga Pombo en la alcaldía, tras el dictamen del secretario municipal de entonces, ya fallecido, amparado esas exenciones urbanísticas en la Ley del Suelo de 1992 y ante la falta de un planeamiento que fijase los aprovechamientos.
Por la sala de vistas reconvertida en salón de plenos desfilarán durante cuatro jornadas -la quinta será para las conclusiones- buena parte de los concejales del grupo municipal del PP en aquel momento; la exedil socialista que denunció el bautizado como “caso del 10%”, Áurea Soto, quien ejerce la acusación popular, así como técnicos e incluso el exalcalde del PSOE Manuel Veiga Pombo.
El caso llega a juicio trufado de múltiples incidencias y un tortuoso camino procesal desde que se presentó la querella en 2014 por parte de Soto. Llegaron a estar imputados otros seis ediles de la comisión de gobierno con Cabezas como mandatario local. El magistrado Leonardo Álvarez, el titular del juzgado donde recayó el asunto penal, se apartó en 2016 al haber sido denunciado por la edil ante el TSXG por prevaricación judicial. Ese mismo juez, de la mano de la fiscalía, había archivado la denuncia meses antes al declarar prescrita la prevaricación y no ver encaje para la malversación, pero la Audiencia ordenó seguir para adelante.
También el Ministerio Fiscal viró a lo largo de la instrucción. Durante los primeros años, el exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, fue partidario de zanjar el asunto, que incluso le costó un expediente disciplinario por abuso de autoridad y retrasos injustificados, que culminó en sanción. La propia Fiscalía General del Estado lo apartó del caso de las exenciones urbanísticas al estar comprometida su imparcialidad y designó a la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Ourense, Carmen Eiró, para que llevase al caso. Esta última presentó un extenso escrito, con fecha de 21 de octubre de 2019, contra Cabezas y Campo Labrador. Aprecia “ánimo de enriquecimiento injusto con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados”.
Pero los incidentes siguieron cuando el exregidor recusó a los magistrados de la sección penal de la Audiencia al entender que su imparcialidad estaba comprometida por haber tomado parte activa relevante en el asunto a través de los recursos que fueron resolviendo durante la instrucción.
El tribunal de este lunes está integrado por tres magistrados de lo Civil, Pilar Domínguez Comesaña, María José González Movilla y Ricardo Pailos Núñez, que será el ponente.
