Los socialistas aseguran que el PP está detrás de la denuncia que llegó a manos de la Fiscalía
El candidato del PSdeG a la Alcaldía de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, defendió la gestión de la junta de gobierno local ante la solicitud del fiscal jefe, Florentino Delgado, a la jueza de Instrucción Número Tres de imputar a todos sus miembros por haber acordado en 2013 el nombramiento de Carmen Rodríguez Dacosta como directora de Personal del Concello, decisión anulada por una sentencia del TSXG.
Tras haber participado en el acto de homenaje a Pablo Iglesias, fundador del PSOE, el cabeza de lista socialista apeló al "respeto absoluto" por el procedimiento iniciado por el fiscal jefe e insistió en que el nombramiento de Rodríguez Dacosta -número dos en su candidatura para las municipales- "se hizo a partir de informes positivos de técnicos municipales" y que "cuando llegó la sentencia que lo anuló, se hizo", recordando que la exdirectora de Personal "cesó y volvió a su trabajo" como abogada de UGT.
Vázquez Barquero reconoció que en el nombramiento de Rodríguez Dacosta "pudo haber alguna deficiencia en el procedimiento", pero matizó que "otra cosa" es que la junta de gobierno local hubiese cometido un delito penal.
El candidato del PSdeG lamentó las declaraciones al respecto realizadas este jueves por el secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda, quien había criticado a los socialistas por mantener en Ourense "la coherencia en no mantener el criterio" sobre posibles imputaciones en procesos judiciales de integrantes del partido. "Ya me está declarando imputado", reprochó Barquero, que acusó a Rueda de "politizar" este procedimiento y de "pretender influir en las decisiones de los jueces".
Por su parte, Carmen Rodríguez Dacosta aseguró que "todo quedará en nada", como ha sucedido con otras imputaciones del gobierno local ourensano, matizando que en este caso todavía "no hay ninguna imputación". La exdirectora de Personal descartó repercusiones en la campaña electoral socialista, dado que este proceso judicial es sobre un nombramiento "que un juzgado ya anuló y que debe quedar ahí". "Se cuestiona una plaza ocupada por convocatoria pública, por lo que no se puede barajar la prevaricación", defendió.
