La denunciante, una vecina de Ourense, comenzó a coincidir en los mismos lugares con el acusado de una forma muy habitual
La expareja de P.P.G. al poco tiempo de separarse comenzó a sospechar que la controlaba de alguna forma. No solo se lo encontraba en la calle a menudo sino que en alguna llamada de teléfono -mantienen contacto porque tienen una hija en común- le mencionaba el lugar donde se encontraba sin que ella se lo hubiera dicho. Sabía dónde, pero también con quién estaba.
La denunciante también detectó que su expareja accedía a su cuenta de Google. Ella cambió de contraseña y estos accesos se solventaron. No así los encuentros que pasaron de esporádicos a habituales. Hasta que descubrió un dispositivo de seguimiento adosado a los bajos de su vehículo.
Controlada por un GPS
El GPS marca Winnes llevaba una tarjeta de teléfono asociada a un número de forma que enviando un mensaje se podía saber la localización de ese dispositivo. El siguiente paso era parecer que era pura casualidad.
Entre los encuentros aparentemente fortuitos, la Fiscalía de Ourense entresacó dos: el 17 de abril de 2021 en un bar de Allariz y cinco días después en el polideportivo Paco Paz en plena noche.
La acusación particular recoge varios accesos para saber dónde estaba casi todos los días de mayo. A finales de mayo de ese año, la perjudicada encontró el GPS y lo entregó en el cuartel de la Guardia Civil.
Según llegó a admitir un agente del Instituto Armado, el inculpado le contó que había adquirido el citado dispositivo en Amazon. Posteriormente, descargó una aplicación para saber cómo funcionaba y, por último, lo instaló. El acusado aseguraba que esa confesión no era cierta.
Trabajos y distancia
Tanto la acusación particular como el fiscal le acusaron por coacciones, aunque en un principio la denuncia se formuló por violencia psicológica, reclamando un año de cárcel. Pero ayer en el juicio en el Penal 2 las acusaciones bajaron a delito leve de coacciones, por lo que fue condenado a 20 días en beneficio de la comunidad, prohibición del derecho al porte y tenencia de armas durante 11 meses y una orden de alejamiento y comunicación de tres meses con una distancia de seguridad de 150 metros.
Según señaló Ana Carnicero, la abogada de la perjudicada, esta última “no pretende perjudicarlo sino que solo quiere que su expareja cese en su comportamiento anterior”.
