El sector del vino ha iniciado los debates de cara a la decisión que debe adoptar el Ministerio Agricultura antes del próximo mes de febrero
El sector del vino ha iniciado los debates de cara a la decisión que debe adoptar el Ministerio Agricultura antes del próximo mes de febrero sobre el volumen de las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo. Inicialmente, desde la Administración se plantea un incremento del 1% sobre las superficies existentes en julio de 2016 que ascendían a 959.500 hectáreas, frente a las posiciones del sector que, en el mejor de los casos, hablan de una cifra similar a la adoptada la campaña anterior donde el incremento fue de solo un 0,43 % con 4.173 hectáreas. Para el próximo ejercicio, lo más probable es que la decisión oficial suponga un incremento en el entorno del 0,6% con unas 6.000 hectáreas. Esa cifra, ligeramente por encima de la campaña anterior se justificaría por la evolución en positivo de los niveles de existencias en el mercado ante el buen comportamiento de las exportaciones y, a pesar de la estabilidad en el mercado interior con un sector de la restauración que, en base a sus políticas de precios altos, está alejando a los consumidores.
La campaña anterior, primera donde se ponían en marcha las autorizaciones de plantación frente a la política de los derechos históricos, el sector reclamaba permisos para poner más de 13.000 hectáreas de viñedos, de las que finalmente fueron admitidas casi 12.000 y concedidas 4.173. Agricultura aceptó las demandas de varias denominaciones de origen como Ribera del Duero, Rioja, Navarra o Chacolí, para limitar ese volumen de plantaciones muy por debajo de los límites legales con el fin de mantener un mayor equilibrio en la oferta, la demanda y, con ello, los altos niveles de precios.
Para el próximo año, tras una buena campaña con una producción de unos 42 millones de hectolitros entre vino y mosto, y de 32,9 millones de hectolitros de vino, con unas existencias en positivo por el mantenimiento de unas elevadas exportaciones, existe una impresión más generalizada de que se puede levantar ligeramente el pie del freno para aumentar el volumen de autorizaciones de nuevas plantaciones. Como en la campaña anterior, varias denominaciones de origen han vuelto a solicitar que en sus respectivas demarcaciones la limitación de esas autorizaciones sea superior a la que decida Agricultura con carácter general. En esa línea, Rioja plantea que el incremento sea de solamente 645 hectáreas frente a las 387 hectáreas autorizadas en la campaña anterior, Ribera del Duero reclama que las autorizaciones sean de solamente 500 hectáreas frente a las 314 del año pasado, Rueda solicita por primera vez que en su caso sean solamente 68 hectáreas ante el fuerte incremento de las plantaciones en los años precedentes y siete hectáreas entre las dos denominaciones de origen del chacolí.
Al margen del volumen de las autorizaciones para las nuevas plantaciones, el sector coincide en la necesidad de establecer unos criterios mucho más rigurosos y de unos mayores controles sobre la asignación de las mismas para evitar abusos, triquiñuelas que han dado lugar a que lo permisos vayan a parar a quienes menos lo merecen. Desde el sector se reclama, en primer lugar, un mejor tratamiento para los demandantes con edades por debajo de los 40 años, lo que supone una apuesta por dar una continuidad a la actividad en el sector del viñedo, además de apoyar con ello al mantenimiento de la población en el medio rural. Además de ese mayor apoyo a los jóvenes, se pretende que los destinatarios de esas autorizaciones sean agricultores activos que quieran vivir de la viticultura y que las mismas no vayan a parar a personas ajenas al sector cuyo objetivo es solamente hacer negocio con ellas. En la campaña anterior se dieron muchos casos de personas, en ocasiones jóvenes que no tenían nada que ver con la actividad agraria, ni pensaban tenerla en el futuro y que actuaban simplemente como tapadera de otros. Desde las organizaciones agrarias se han hecho duras críticas contra este tipo de actuaciones donde, al margen de las decisiones de Agricultura, hay una responsabilidad básica en manos de las comunidades autónomas que deberían haber procedido a la depuración de las solicitudes.
El mantenimiento del potencial productivo ha sido una de las preocupaciones más importantes de las autoridades comunitarias en la última década con el objetivo de tener un equilibrio entre oferta demanda y, sobre todo, para no propiciar lagos de excedentes que en su día, hoy no, suponían un elevado gasto para las arcas comunitarias cuando había un sector con un mercado muy regulado especialmente vía destilaciones. Hoy todo aquello es historia.
De acuerdo con esta filosofía, desde el año 2000, Bruselas ha desarrollado una política de apoyos a los programas de reconversión y reestructuración del viñedo, incluidos los arranques subvencionados donde los viticultores españoles fueron protagonistas. En el caso de España, esos programas se concretaron hasta la campaña de 2016 en actuaciones sobre un volumen total de 376.000 hectáreas con un montante de ayudas comunitarias de más 2.098 millones de euros y con 72,5 millones presupuestados para la campaña 2017 a 2018.En base a estas actuaciones, se llevaron a cabo restructuraciones y arranques de viñedos, reconversiones varietales, mejora de estructuras, aumento de los regadíos, etc. Todo ello se tradujo en una bajada de la superficie dedicada al viñedo de 1.100.000 hectáreas a la actual de 959.500 hectáreas. Sin embardo, el volumen de las producción media de vino y mosto pasó de unos 36/37 millones de hectolitros a una media actual más cerca de los 43 millones de hectolitros con picos por encima de los 52 millones de hectolitros convirtiendo a España algunas campaña en líder comunitario en la producción de vino consecuencia de la decisión de miles de agricultores de mejora de estructuras y, sobre todo, de optar por variedades muy productivas en regadío, aunque fuera para la venta de la uva a bajos precios en las zonas con las mayores superficies.
Este escenario pone de manifiesto que el potencial productivo de un país y, sobre todo en determinados territorios, no es cuestión de superficie, sino de filosofía a la hora de plantear las producciones. Y, en España, con la excepción de unas pocas denominaciones de origen como Rioja o Ribera, donde existe un especial celo para ajustar las producciones a la demanda vía control de plantaciones y de rendimientos, en el grueso de las superficies en las grandes zonas productoras, se ha optado por el volumen, aunque los precios de la uva y para sus vinos sean más bajos. Dos formas de entender una política para un mismo sector.
