JUSTICIA

La Xunta avanza que los juzgados de Ourense contarán "este año" con una sala para menores

El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, explicó que las salas estarán adaptadas para los menos que participen en alguna causa.

El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha avanzado este miércoles que el edificio judicial de Ourense contará antes de que acabe "este año" con una sala infantil adaptada para menores que participen en alguna causa.

Lo ha dicho en comisión parlamentaria para responder a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto Carmen Iglesias sobre los trabajos en este sentido, tras la aprobación hace más de un año de una iniciativa en la Cámara para ello.

Al respecto, Juan José Martín ha señalado que el Estatuto de la Víctima del Delito confiere una especial protección a los menores para evitar su "victimización secundaria". Así, la norma prevé que sus declaraciones se hagan a través de expertos (en el caso de Galicia, psicólogos del Imelga) y en dependencias adaptadas en las que no haya "contacto visual" con el acusado.

Es con este objeto que ya se han dispuesto salas infantiles en juzgados de villas intermedias y que se configurarán en los nuevos edificios de Vigo y Ourense, entre otros lugares, tal y como ha referido.

Asimismo, ha explicado que en otras ciudades se adaptarán dependencias en edificios administrativos distintos de los judiciales. Allí, al igual que en las salas específicas para menores de los juzgados, las paredes serán de colores y habrá juguetes y mobiliario infantil.

"Satisfecha" con el trabajo de la Xunta en este ámbito, Carmen Iglesias ha planteado que estas dependencias también puedan ser utilizadas por los menores a los que mujeres víctimas de violencia de género no puedan dejar en otro lugar el día del juicio. Su "desiderátum" ha sido recogido por el director xeral, que se ha comprometido a estudiarlo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Sin abandonar el ámbito judicial, el director xeral de Xustiza ha dado cuenta, a instancias del parlamentario del PPdeG César Fernández Gil, del "compromiso" de la Xunta con la eficiencia energética.

A modo de muestra, ha indicado que el plan centrado en los juzgados prevé reformas encaminadas al ahorro energético.

Así, se invertirán más de tres millones de euros en tres años para actuar, sobre todo, en el aislamiento de los edificios y en la mejora de la iluminación y la climatización. Estas medidas permitirán ahorrar, según los cálculos del Gobierno gallego, más de 200.000 euros al año.

OPOSICIONES

En la misma comisión, el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, ha defendido que no está "justificada" la adopción de "nuevas" medidas que garanticen la limpieza en las oposiciones de la Xunta.

De hecho, a preguntas de la diputada del PSdeG Noela Blanco, ha recordado que, desde la aprobación de las instrucciones que se negociaron con los sindicatos, la "práctica totalidad" de los recursos de los opositores se resolvieron favorablemente para la administración gallega.

Al hilo de ello, la socialista ourensana ha sacado a colación la denuncia del colegio de ingenieros de caminos sobre la adjudicación de una jefatura de área de en Portos de Galicia "por primera vez" a alguien sin formación técnica. Se trata de una licenciada en Derecho que, "curiosamente", como ha recordado Noela Blanco, fue diputada del PP.

Sobre este caso, hecho público por la propia entidad colegial a mediados del pasado mes de abril, el alto cargo de la Consellería de Facenda ha alegado que las adjudicaciones de plazas en Portos no dependen de su departamento.

ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD

Finalmente, Juan José Martín ha respondido a Xabier Ron (AGE) en sus críticas a las denominadas "pruebas de integración" para la obtención de la nacionalidad española.

"No sé si muchos conciudadanos serían capaces de responderlas", ha recalcado el diputado, para quien además es "costoso económicamente" tanto por las tasas como por la necesidad de acudir a una academia para preparar el examen.

Al respecto, el alto cargo de la Consellería de Presidencia ha recordado que se trata de un asunto de "competencia estatal" y ha indicado que, en lo que a la administración autonómica atañe, los cursos que ofrece son gratuitos y su informe sobre los esfuerzos de integración es positivo para todos los asistentes.

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