Centenares de familias ourensanas que cumplen las condiciones económicas para optar a la llamada renta de inserción social de Galicia (Risga), una nómina mensual mínima de 400 euros (que se incrementa en función del número de hijos) destinada a personas sin recursos, aguardan más de seis meses sin percibir la ayuda aunque la tramitación de su expediente esté concluida.
Ocurre generalmente que no se emite el visto bueno final, con objeto de dilatar en el tiempo el pago del salario social debido probablemente a la falta de fondos económicos. Cada vez es más frecuente que sólo cuando se produce la baja de un beneficiario, otro puede acceder al Risga, precisa la concejala de Ourense Marga Martín, que destaca que esto afecta a muchísimas familias. La misma situación se produce en las llamadas ayudas de emergencia social, destinadas a atender necesidades básicas puntuales de familias sin recursos -desde alimentación al pago del alquiler o rehabilitación de la vivienda, gastos de luz o agua, o incluso equipamiento básico-.
La Consellería de Traballo e Benestar Social, que dirige Beatriz Mato, es la que tramita este tipo de subvenciones y salarios sociales y ya fue advertida por el Valedor do Pobo y por varias delegaciones de Cáritas de la situación a la que conduce esa falta de gestión, ya que al no resolver las ayudas, ha generado numerosas quejas y provocado una avalancha de solicitudes de estas familias en precario ante Cáritas y otras organizaciones de ayuda a las personas sin recursos.
El Valedor do Pobo, que recientemente presentó su informe de gestión de 2012, recalca ya el aumento ese año -y el problema sigue- de peticiones de la Risga y de las ayudas de emergencia social (AES) debido a la coyuntura económica actual pero aprecia 'retrasos en la resolución de estos procedimientos, que por su propia naturaleza debieran resolverse con urgencia, puesto que en caso contrario no cumplen su finalidad'.
Es más, dice que 'en no pocos casos' se incumplen los plazos legalmente previstos (tres meses), por lo que el Valedor ya se ha visto en la situación de tener que reclamar a la Xunta 'que aprobara provisionalmente las ayudas, con el fin de que los afectados puedan cobrarlas en tanto no se resuelven'.
CRÍTICAS
Asimismo, entidades como Cáritas han comunicado a Beatriz Mato que la excesiva demora en la tramitación del salario social y las ayudas obliga a sus receptores, 'que están absolutamente sin nada' (según llegó a decir Cáritas de Mondoñedo-Ferrol), a acudir a sus centros en busca de apoyo. En una reunión mantenida entre varias delegaciones y la conselleira, se le pidió a Mato agilidad en la tramitación en los pagos.
La situación se repite en un tercer departamento de la misma consellería: las ayudas a la dependencia. En este caso, también los expedientes que tramitan las solicitudes se dilatan y, aunque de hecho están concluidos, no se les da el visto bueno definitivo pero tampoco se les deniegan. Igualmente en este asunto, el Valedor do Pobo ha destacado que la mayoría de las reclamaciones que recibe siguen teniendo por objeto la falta de cumplimiento de las previsiones de la Ley de Dependencia, 'sobre todo por los abundantes retrasos, y resultan justificadas (las reclamaciones), como comprobamos a través de las investigaciones realizadas'. Y señala, además, que hubo casos en los que le fue comunicada la queja a la consellería pero 'no dio efectividad' ni rectificó, y esos casos 'han aumentando considerablemente' en 2012.
La Consellería de Traballo e Benestar Social, que dirige Beatriz Mato, es la que tramita este tipo de subvenciones y salarios sociales y ya fue advertida por el Valedor do Pobo y por varias delegaciones de Cáritas de la situación a la que conduce esa falta de gestión, ya que al no resolver las ayudas, ha generado numerosas quejas y provocado una avalancha de solicitudes de estas familias en precario ante Cáritas y otras organizaciones de ayuda a las personas sin recursos.
El Valedor do Pobo, que recientemente presentó su informe de gestión de 2012, recalca ya el aumento ese año -y el problema sigue- de peticiones de la Risga y de las ayudas de emergencia social (AES) debido a la coyuntura económica actual pero aprecia 'retrasos en la resolución de estos procedimientos, que por su propia naturaleza debieran resolverse con urgencia, puesto que en caso contrario no cumplen su finalidad'.
Es más, dice que 'en no pocos casos' se incumplen los plazos legalmente previstos (tres meses), por lo que el Valedor ya se ha visto en la situación de tener que reclamar a la Xunta 'que aprobara provisionalmente las ayudas, con el fin de que los afectados puedan cobrarlas en tanto no se resuelven'.
CRÍTICAS
Asimismo, entidades como Cáritas han comunicado a Beatriz Mato que la excesiva demora en la tramitación del salario social y las ayudas obliga a sus receptores, 'que están absolutamente sin nada' (según llegó a decir Cáritas de Mondoñedo-Ferrol), a acudir a sus centros en busca de apoyo. En una reunión mantenida entre varias delegaciones y la conselleira, se le pidió a Mato agilidad en la tramitación en los pagos.
La situación se repite en un tercer departamento de la misma consellería: las ayudas a la dependencia. En este caso, también los expedientes que tramitan las solicitudes se dilatan y, aunque de hecho están concluidos, no se les da el visto bueno definitivo pero tampoco se les deniegan. Igualmente en este asunto, el Valedor do Pobo ha destacado que la mayoría de las reclamaciones que recibe siguen teniendo por objeto la falta de cumplimiento de las previsiones de la Ley de Dependencia, 'sobre todo por los abundantes retrasos, y resultan justificadas (las reclamaciones), como comprobamos a través de las investigaciones realizadas'. Y señala, además, que hubo casos en los que le fue comunicada la queja a la consellería pero 'no dio efectividad' ni rectificó, y esos casos 'han aumentando considerablemente' en 2012.
