El internamiento se produce sólo cuando fracasan las medidas preventivas y hay que declarar el desamparo

La Xunta tutela a 242 menores repartidos en los cuatro centros que tiene en Ourense

La Comunidad autónoma gallega cuenta a día con 16 centros de menores. Cuatro están emplazados en la provincia de Ourense, en el entorno de la ciudad. En ellos, los educadores tutelan a 242 jóvenes, según datos facilitados por la Consellería de Traballo e Benestar, extraídos con fecha de julio. Antes de recalar en los centros, la administración en muchas ocasiones trabaja con el núcleo familiar para evitar el internamiento, al que se llega sólo tras declararse el desamparo.
La Administración autonómica, en el desarrollo de sus competencias, ejerce la tutela de aproximadamente 1.500 menores en toda Galicia. Bajo un principio básico, el único principio innegociable, el principio: el menor es lo importante.

En el caso de Ourense, con datos del primer trimestre, había en los distintos centros de la provincia 242 menores de edad. Alrededor de 70 menos que el año 2008. Los centros educativos de Montealegre, Monteledo y A Carballeira, y el Centro de atención específica de Montefiz, dan cobertura a la totalidad de menores tutelados en Ourense.

A excepción del centro de Montefiz, donde la Xunta acoge a jóvenes especialmente problemáticos, en muchos casos como consecuencia de su acción delictiva, los centros educativos asumen la atención integral de los muchachos en un régimen abierto, encaminado a que no se produzca ningún desarraigo y a que en un determinado momento puedan incorporarse a sus familias una vez superada la problemática. No obstante, ‘aún después de regresar a la dinámica familiar, los educadores continúan trabajando a fin de hacer un seguimiento que confirme la evolución positiva del menor y la superación del conflicto’, señala Roberto Castro, jefe de servicio de menores de la Consellería de Traballo.

Antes de alcanzar el punto en el que se impone el internamiento en centros de la administración autonómica, los educadores han agotado las posibilidades de superar la problemática a la que está expuesta el menor. En el caso de M., cuyo sobrepeso, según la Xunta, pone en riesgo su salud, antes de declarar su desamparo se recorrieron otros caminos, en los que se sometió al muchacho a distintos programas de hábitos saludables que permitiesen que perdiese peso de un modo controlado y médicamente recomendado. Y se fracasó en varias ocasiones. De hecho, los padres del joven han admitido que no supieron calibrar la importancia de seguir los programas del Servicio de Menores. Ello trajo como consecuencia que, atendiendo al interés del menor, el 23 de septiembre la Xunta resolviese hacerse cargo de su tutela.

Los lugares comunes y la desinformación, y sobre todo el asesoramiento que los padres están recibiendo, según fuentes de la Xunta, motiva la actitud no colaboradora de los progenitores, que pese al pronunciamiento judicial, se niegan a entregar a su hijo. ‘No saben qué significa un centro. Creen que van a arrancarles a su hijo. Y nada más lejos’, señalan desde la Xunta.

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