Responsables de la Xunta y del Concello de la ciudad continúan cruzándose escritos y cartas a la hora de tratar cuestiones que atañen a ambas y que son consideradas estratégicas para la ciudad. Si en los últimos días era el transporte metropolitano el que centraba las cartas entre el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y el alcalde, Francisco Rodríguez, ahora es el solar del edificio judicial el objeto de la misiva enviada por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, al regidor ourensano.
En el escrito, con registro de salida de fecha del pasado miércoles, Rueda se compromete a continuar con las obras del edificio judicial a pesar de la sentencia que anula la expropiación del solar realizada por el Concello pero pide a la institución municipal 'compromiso expreso de asunción das responsabilidades que hipotéticamente (e respecto do contratista) se puideran derivar da sentenza' que anuló la expropiación del solar tras la caída del PXOM. El conselleiro asegura que la Xunta tiene la 'decidida vontade' de construir el inmueble, como demuestra el hecho de que 'a pesar das numerosas vicisitudes xudiciais relacionadas coa execución desta obra, os traballos xa teñen comezado'; por lo que reclama información sobre 'as medidas concretas de carácter xurídico que ó respecto ten pensado adoptar o Concello'.
RECURSO AL JUZGADO
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, recuerda que el Concello ya se había comprometido en su día a asumir las responsabilidades 'derivadas del proceso de expropiación (de la parcela)'. En todo caso, la junta de gobierno local acordó ayer presentar un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Xustiza contra esa resolución judicial.
Por otro lado, Urbanismo trabaja en una segunda vía, que pasa por desarrollar este ámbito en base a la ordenación urbanística provisional aprobada por la Xunta -que incorpora el planeamiento de 2003 anulado-, por lo que prevé reiniciar el proceso expropiatorio y que los terrenos pasen a formar parte del sistema general público.
Para Soto, el recurso judicial pretende que 'todas as obras poidan desenvolverse cos cauces normais' y reitera la tesis que tiene el Concello en lo que respecta a la parcela afectada, y que pasa por que, 'o aproveitamento (urbanístico del solar) xa foi materializado noutras parcelas, cun notorio exceso respecto do permitido polo plan vixente naquel momento'.
Así, según Soto, el ámbito fue cedido en 1964, con el aprovechamiento correspondiente para los propietarios, que, dice el Concello, 'xa edificaron o que lles correspondía no bloque de baixo máis cinco plantas posterior'. En cambio, los titulares discrepan de esta argumentación, motivo por el que recurrieron hasta llegar a esta situación, que mantiene en el aire la construcción del edificio judicial pese a que comenzaron ya trabajos de destierre en el solar.
UN PROYECTO CON MÚLTIPLES DIFICULTADES
El futuro edificio judicial ha sufrido ya varios varapalos, además de esta última sentencia que anula el proceso de expropiación, basándose principalmente en la nulidad del Plan Xeral de 2003. Así, el Concello ya tuvo que repetir en su día el proceso después de que una resolución judicial estableciera que no se había notificado la expropiación a todos los propietarios, motivo por el que de nuevo el Concello tuvo que realizar esas comunicaciones.
Pero no sólo el solar, que fue cedido por el Concello a la Xunta, ha tenido problemas en los juzgados. También la adjudicación del concurso de ideas para seleccionar el diseño del edificio fue anulada en el Juzgado, motivo por el que el jurado tuvo que volver a reunirse y seleccionar el proyecto.
LA ESTACIÓN DEL AVE, OTRA CAUSA DE CONFLICTO
Paradigma de desencuentro entre la Xunta y el Concello es el diseño de la futura estación intermodal. El Gobierno gallego no secundó el acuerdo entre el central, entonces dirigido por el PSOE, y el local al discrepar del modelo de integración que se preveía, puesto que no incluía un estudio sobre la posibilidad de contemplar un soterramiento de las vías.
De hecho, días antes de que se adjudicara el diseño de la estación a Norman Foster se produjo un nuevo cruce de escritos, aunque en este caso fue entre la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta y Adif, al que se unió otro del portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández. El objetivo de sendas misivas era la paralización de la resolución del jurado que debía seleccionar el proyecto de la futura estación intermodal.
Una vez adjudicado el proyecto de la estación, falta sin embargo formalizar el contrato, procedimiento para el que se está a la espera de que se materialicen en todos los órganos implicados los nombramientos y ceses derivados del cambio de gobierno en el Estado, para rubricar el contrato. En todo caso, fuentes próximas al proyecto aseguran no temer por su realización y consideran normal este tiempo de espera dadas las circunstancias.
RECURSO AL JUZGADO
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, recuerda que el Concello ya se había comprometido en su día a asumir las responsabilidades 'derivadas del proceso de expropiación (de la parcela)'. En todo caso, la junta de gobierno local acordó ayer presentar un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Xustiza contra esa resolución judicial.
Por otro lado, Urbanismo trabaja en una segunda vía, que pasa por desarrollar este ámbito en base a la ordenación urbanística provisional aprobada por la Xunta -que incorpora el planeamiento de 2003 anulado-, por lo que prevé reiniciar el proceso expropiatorio y que los terrenos pasen a formar parte del sistema general público.
Para Soto, el recurso judicial pretende que 'todas as obras poidan desenvolverse cos cauces normais' y reitera la tesis que tiene el Concello en lo que respecta a la parcela afectada, y que pasa por que, 'o aproveitamento (urbanístico del solar) xa foi materializado noutras parcelas, cun notorio exceso respecto do permitido polo plan vixente naquel momento'.
Así, según Soto, el ámbito fue cedido en 1964, con el aprovechamiento correspondiente para los propietarios, que, dice el Concello, 'xa edificaron o que lles correspondía no bloque de baixo máis cinco plantas posterior'. En cambio, los titulares discrepan de esta argumentación, motivo por el que recurrieron hasta llegar a esta situación, que mantiene en el aire la construcción del edificio judicial pese a que comenzaron ya trabajos de destierre en el solar.
UN PROYECTO CON MÚLTIPLES DIFICULTADES
El futuro edificio judicial ha sufrido ya varios varapalos, además de esta última sentencia que anula el proceso de expropiación, basándose principalmente en la nulidad del Plan Xeral de 2003. Así, el Concello ya tuvo que repetir en su día el proceso después de que una resolución judicial estableciera que no se había notificado la expropiación a todos los propietarios, motivo por el que de nuevo el Concello tuvo que realizar esas comunicaciones.
Pero no sólo el solar, que fue cedido por el Concello a la Xunta, ha tenido problemas en los juzgados. También la adjudicación del concurso de ideas para seleccionar el diseño del edificio fue anulada en el Juzgado, motivo por el que el jurado tuvo que volver a reunirse y seleccionar el proyecto.
LA ESTACIÓN DEL AVE, OTRA CAUSA DE CONFLICTO
Paradigma de desencuentro entre la Xunta y el Concello es el diseño de la futura estación intermodal. El Gobierno gallego no secundó el acuerdo entre el central, entonces dirigido por el PSOE, y el local al discrepar del modelo de integración que se preveía, puesto que no incluía un estudio sobre la posibilidad de contemplar un soterramiento de las vías.
De hecho, días antes de que se adjudicara el diseño de la estación a Norman Foster se produjo un nuevo cruce de escritos, aunque en este caso fue entre la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta y Adif, al que se unió otro del portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández. El objetivo de sendas misivas era la paralización de la resolución del jurado que debía seleccionar el proyecto de la futura estación intermodal.
Una vez adjudicado el proyecto de la estación, falta sin embargo formalizar el contrato, procedimiento para el que se está a la espera de que se materialicen en todos los órganos implicados los nombramientos y ceses derivados del cambio de gobierno en el Estado, para rubricar el contrato. En todo caso, fuentes próximas al proyecto aseguran no temer por su realización y consideran normal este tiempo de espera dadas las circunstancias.
