Hace 23 años, en el 2000, Manoli Blanco Domínguez y su difunto marido cedieron a la Xunta una parte de su terreno de Loiro, en las inmediaciones de la carretera OU-540 (que une la ciudad con Celanova), para cumplir con lo establecido en el Plan General de Carreteras de Galicia. La ordenanza obliga a dejar un mínimo de 10 metros entre los terrenos adyacentes y las vías autonómicas, y su finca se extendía más allá de este perímetro. También en el PXOM de 1986, se contempla “una distancia mínima de 6 metros entre el cierre y las carreteras nacionales, provinciales o vías pavimentadas”. Sin embargo, desde que ya no está en su propiedad, “nadie desbrozó las silveiras”, como explica la propietaria.
“Antes las limpiaba mi marido, aunque no le correspondiera, porque nadie se hacía cargo”, pero desde que no está “llevan más de 13 años sin limpiar”. La mujer se ve desesperada tras intentar contactar innumerables veces con Obras Públicas y el Concello. Ambas administraciones se desentienden.
La zona limítrofe está en la parte de atrás de su casa: “Me preocupa porque hay ratas, llevo dos años jubilada y no puedo hacerme cargo, pero tampoco me corresponde”, lamenta. Siente “impotencia” porque, según dice, “Obras Públicas le pasa la pelota al Concello”, y viceversa. Tras 13 años de dejadez, solicitó que se le devuelva la propiedad.
