Más allá de las concesiones más duraderas que están en el alambre, el Concello de Ourense debe también mover ficha para solucionar otras "patatas calientes" en servicios fundamentales y que no han estado exentos de la refriega política en los últimos años.
Un claro ejemplo de esto es el área social, con la concesión de ayuda a domicilio, prestada en estos momentos con una prórroga por parte de la empresa Valoriza, que advirtió en varios momentos de la posibilidad de dejar de prestar el servicio, algo que finalmente el Concello consiguió que no sucediese.
Sin embargo, a pocas semanas de que vuelva a vencer el plazo, los pliegos para contratar de nuevo el servicio continúan sin ver la luz al no haber concluido la tramitación administrativa de un expediente que tiene, hasta ahora, un presupuesto cercano a los tres millones de euros anuales, claves para dar cobertura a las necesidades de dependencia de decenas de mayores ourensanos.
Ligado a este asunto, el Concello tiene también pendiente la resolución del concurso para adjudicar el servicio de comida en el hogar, ahora en fase de evaluación de ofertas y que prevé repartir unos 100 menús al día para garantizar una correcta alimentación de los mayores.
No es el área social el único ámbito con deberes pendientes en materia de concesiones. También las zonas verdes, parques y jardines enfilan meses clave para garantizar su correcto cuidado. La Concejalía de Medio Ambiente trabaja en la elaboración de los pliegos aprovechando la prórroga de seis meses aprobada recientemente en el contrato actual, que entró en vigor en agosto de 2017.
El edil delegado, Jorge Pumar, es consciente de que los parques de la ciudad piden a gritos un cambio de cara, motivo por el que maneja distintas posibilidades para optimizar la prestación de un servicio fundamental. Entre las opciones para el próximo contrato, está su división en dos lotes, con el río Miño como división, para aumentar la competencia en el concurso. El presupuesto que destina anualmente para el mantenimiento de las zonas verdes ronda los 1,2 millones de euros por ejercicio.
Más necesidades
Más allá de estos contratos, hay otro que también preocupa al llevar también más de cuatro años caducado. Se trata del mantenimiento semafórico, por el que ahora se abonan unos 650.000 euros al año y que bloquea cualquier mejora en la red de semáforos del municipio, que se ha quedado obsoleta.
Dentro del plan de movilidad, el desbloqueo de este procedimiento tiene una gran importancia, ya que ayudará entre otras cuestiones a acabar con el sistema de control por bolardos para acceder al Casco Vello, dado que la intención del gobierno municipal es implantar un sistema de cámaras que fiscalice la entrada y salida de los vehículos mediante la lectura de matrículas.
También en materia de comercio, las concesiones bloqueadas se acumulan en el cajón, un mal que viene de lejos. Sin uso desde hace casi cinco años sigue la Plaza de Abastos de A Ponte tras una inversión millonaria en su rehabilitación. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, garantiza que tiene una fórmula para que vuelva a abrir sus puertas, un plan que desvelará en las próximas semanas. Hasta ahora, dos concursos han quedado desiertos al no suscitar interés la gestión.
Por su parte, también continúan cerradas cafeterías de titularidad municipal como la antigua La Central, cuya concesión terminó sin que nada se sepa de su futuro, o la del Parque Miño, que languidece por la falta de uso, habiendo sido víctima ya de la presencia de okupas. El único intento por recuperarla terminó con un concurso desierto. Ningún hostelero la vio aprovechable. n
