La mitad de las 670.000 hectáreas de suelo cultivable de la provincia están abandonadas, alertan las organizaciones agrarias
La decisión apuntada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la celebración del último Consello del gobierno autonómico, en el sentido de que las parcelas rústicas vendidas, cedidas o heredadas no tengan que pagar impuestos si se destina a darles rendimiento, gusta al sector, teniendo en cuenta que sólo en la provincia hay 670.000 hectáreas de terreno agrícola improductivo.
Pero los sindicatos agrarios creen que la medida es "insuficiente y tardía", según José Ramón González, responsable provincial de Unións Agrarias. También Ángeles Rodríguez, del Sindicato Labrego Galego en Valdeorras, considera que "es una buena idea, porque se incentivará que la gente vuelva al mundo rural", aunque reconoce que "ésta debe ir acompañada de otras medidas complementarias".
Igualmente se muestra a favor Laura Rodríguez, portavoz de la asociación Adegal, de A Limia, aunque matiza que "estamos hablando de un anteproyecto de ley" y advierte de que "las asociaciones agrarias estamos todavía en tiempo de estudiarlo y aportar nuestras ideas para mejorar el texto final".
La superficie
José Ramón González recuerda que "llevamos años reclamando que las tierras que no se trabajen paguen impuestos y las que estén en producción queden exentas"; esta iniciativa de la Xunta se considera, por tanto, "un paso en ese sentido, pero que afecta sólo a una parte del problema". Porque desde Unións Agrarias recuerdan que Ourense cuenta con alrededor de 670.000 hectáreas de tierra susceptible de ser cultivada y de esta superficie total, 340.000 hectáreas están abandonadas -prácticamente el 50 %, destacan-. En cuanto al resto, 110.000 hectáreas están destinadas a pastos, 60.000 a los diversos cultivos y 160.000 a superficie forestal aprovechada.
Uno de los objetivos de esta medida promovida por la Xunta es precisamente que afloren esas tierras improductivas para que adquieran valor, pero hay otro elemento importante que obliga a que se cambien las reglas del juego y es que la nueva Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor el próximo año, determina que las ayudas europeas a la producción agraria irán en estrecha relación con la superficie agraria útil o cultivada, "y en Galicia tenemos muy poca", subraya el responsable provincial de Unións Agrarias.
Las producciones gallegas se encuentran en este aspecto en clara desventaja con zonas como Andalucía o Extremadura, "al haber determinado el Gobierno que se paguen esas ayudas de la PAC por hectárea, y en ese sentido irá más dinero a esas zonas que a nuestra comunidad". Por eso, González demanda que se aplique un sistema como el francés, donde se paga una determinada cantidad común a todas las producciones hasta alcanzar las 26 hectáreas, "y a partir de ahí se reparte el resto del dinero, si queda, y siempre en menor porcentaje que esa primera ayuda".
Otro de los aspectos que echan en falta desde las organizaciones sindicales agrarias de la provincia es el Banco de Tierras, que consideran como otra de las patas esenciales para relanzar la economía del sector primario en la provincia. Hay que reactivar el Banco de Tierras, dicen, y hay que dotarlo de presupuesto para que pueda funcionar como, por ejemplo, ya ocurre en Asturias", explica José Ramón González.
