El portavoz de Amnistía Internacional de Galicia (AI), Alberto Estévez, ha exigido al Gobierno español que dé instrucciones al Ministerio Fiscal para que cambie su posición y, dentro del ámbito judicial, prosiga con las exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y franquismo, paralizadas desde el viernes.
En conferencia de prensa, Estévez afirmó que, independientemente de la paralización por parte de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía, el pasado viernes, el Ejecutivo español tiene potestad para dar instrucciones a dicho Ministerio y porque, si no lo hiciera, no sería coherente.
Que el Gobierno actúe y dé instrucciones claras para que se garantice la investigación judicial, argumentó el portavoz de AI Galicia, quien aseguró que es una necesidad que el Ejecutivo español investigue todas las desapariciones acaecidas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Estévez, junto a una miembro del comité de AI España, Yolanda Román, presentaron hoy en Vigo el informe España: La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo.
Dicho documento considera que el Estado español debe cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas.
España, según refleja el informe, debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzosas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Datos facilitados por AI aseguran que en España hay más de 114.000 desaparecidos, de los cuales unos 3.588 se contabilizan en Galicia.
En la comunidad gallega, según estimaciones de la Consellería de Cultura, se cree que hay unas 26 fosas en distintos puntos, aunque desde AI Galicia, con datos aportados por la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas (Pontevedra), se defiende que el número de fosas podría superar el centenar en Galicia.
Para Estévez, que España siga adelante con las investigaciones judiciales no es una cuestión de voluntad política, sino una obligación.
Con respecto a la paralización de las exhumaciones por orden de la Fiscalía, Estévez criticó la inusitada celeridad que ha demostrado el Ministerio Fiscal en este asunto para suspender el proceso de exhumaciones e insistió en la importancia de que el Gobierno central se ponga al frente y siga adelante con todo el proceso judicial iniciado.
Estévez también quiso dejar claro que al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, e impulsor de la apertura de las exhumaciones, le tocó por reparto esta causa de las exhumaciones y de las investigaciones judiciales y negó que haya querido ser protagonista en todo este proceso.
Es crucial recordar al Estado que tiene una obligación en derechos humanos, subrayó Estévez, quien agregó que el Gobierno español no puede apoyar la investigación de otros crímenes acaecidos en otros países y luego, en casa, dijo, cuando le toca hacer los deberes no los hacen.
Para Estévez, el Gobierno central no puede decir ahora no me interesa, sobre todo, cuando está en vigor desde 2007 la ley de Memoria Histórica.
Por su parte, Román recordó que España no sólo tiene que explicar públicamente a nivel nacional por qué no prosigue con las investigaciones judiciales, sino que, en su opinión, también tiene que dar cuenta a la comunidad internacional.
Las desapariciones forzadas, recordó la integrantes del comité de AI España, son crímenes de gravedad extrema y precisan de todo el respecto.
Que el Gobierno actúe y dé instrucciones claras para que se garantice la investigación judicial, argumentó el portavoz de AI Galicia, quien aseguró que es una necesidad que el Ejecutivo español investigue todas las desapariciones acaecidas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Estévez, junto a una miembro del comité de AI España, Yolanda Román, presentaron hoy en Vigo el informe España: La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo.
Dicho documento considera que el Estado español debe cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas.
España, según refleja el informe, debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzosas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Datos facilitados por AI aseguran que en España hay más de 114.000 desaparecidos, de los cuales unos 3.588 se contabilizan en Galicia.
En la comunidad gallega, según estimaciones de la Consellería de Cultura, se cree que hay unas 26 fosas en distintos puntos, aunque desde AI Galicia, con datos aportados por la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas (Pontevedra), se defiende que el número de fosas podría superar el centenar en Galicia.
Para Estévez, que España siga adelante con las investigaciones judiciales no es una cuestión de voluntad política, sino una obligación.
Con respecto a la paralización de las exhumaciones por orden de la Fiscalía, Estévez criticó la inusitada celeridad que ha demostrado el Ministerio Fiscal en este asunto para suspender el proceso de exhumaciones e insistió en la importancia de que el Gobierno central se ponga al frente y siga adelante con todo el proceso judicial iniciado.
Estévez también quiso dejar claro que al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, e impulsor de la apertura de las exhumaciones, le tocó por reparto esta causa de las exhumaciones y de las investigaciones judiciales y negó que haya querido ser protagonista en todo este proceso.
Es crucial recordar al Estado que tiene una obligación en derechos humanos, subrayó Estévez, quien agregó que el Gobierno español no puede apoyar la investigación de otros crímenes acaecidos en otros países y luego, en casa, dijo, cuando le toca hacer los deberes no los hacen.
Para Estévez, el Gobierno central no puede decir ahora no me interesa, sobre todo, cuando está en vigor desde 2007 la ley de Memoria Histórica.
Por su parte, Román recordó que España no sólo tiene que explicar públicamente a nivel nacional por qué no prosigue con las investigaciones judiciales, sino que, en su opinión, también tiene que dar cuenta a la comunidad internacional.
Las desapariciones forzadas, recordó la integrantes del comité de AI España, son crímenes de gravedad extrema y precisan de todo el respecto.
