El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó la puesta en libertad sin fianza para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos económicos: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga.
El magistrado les imputa delitos continuados de apropiación indebida que califica como 'de especial gravedad atendido el valor de la defraudación' (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel).
Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la 'negativa o impedimento' a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación. El magistrado continuaba a última hora de ayer tomando declaración a la principal accionista de la empresa Microgénesis, Elena Vázquez, y su director financiero, Celedonio Martín. Los cuatro detenidos restantes -el director general de la SGAE, Enrique Loras y su esposa María Antonia García Pombo, la hermana de ésta, Eva, y uno de los socios directores de Microgénisis- no pasarán a disposición judicial hasta hoy.
MEDIDAS CAUTELARES
En su auto, hecho público ayer, el juez especifica como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de 'especial arraigo en España' de los directivos de la SGAE, no considera que exista probabilidad de fuga. Además, Ruz especifica que mantendrá el secreto de sumario sobre la causa durante el tiempo necesario para evitar que se frustre el resultado de la investigación y concreta que al menos se prolongará hasta que declaren todos los detenidos.
Según se desprende del auto, las pesquisas han conducido a la entrada y registro de catorce domicilios de particulares y empresas, entre ellas la sede de la propia SGAE. Además, ha ordenado el bloqueo de cuentas y la prohibición de disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias a determinados imputados.
Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. En la mañana de ayer, tras permanecer en dependencias del instituto armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.
La SGAE 'adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios' en el caso de que se demuestre que 'la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática', según fuentes de la entidad de gestión.
Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la 'negativa o impedimento' a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación. El magistrado continuaba a última hora de ayer tomando declaración a la principal accionista de la empresa Microgénesis, Elena Vázquez, y su director financiero, Celedonio Martín. Los cuatro detenidos restantes -el director general de la SGAE, Enrique Loras y su esposa María Antonia García Pombo, la hermana de ésta, Eva, y uno de los socios directores de Microgénisis- no pasarán a disposición judicial hasta hoy.
MEDIDAS CAUTELARES
En su auto, hecho público ayer, el juez especifica como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de 'especial arraigo en España' de los directivos de la SGAE, no considera que exista probabilidad de fuga. Además, Ruz especifica que mantendrá el secreto de sumario sobre la causa durante el tiempo necesario para evitar que se frustre el resultado de la investigación y concreta que al menos se prolongará hasta que declaren todos los detenidos.
Según se desprende del auto, las pesquisas han conducido a la entrada y registro de catorce domicilios de particulares y empresas, entre ellas la sede de la propia SGAE. Además, ha ordenado el bloqueo de cuentas y la prohibición de disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias a determinados imputados.
Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. En la mañana de ayer, tras permanecer en dependencias del instituto armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.
La SGAE 'adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios' en el caso de que se demuestre que 'la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática', según fuentes de la entidad de gestión.
