El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a España 'por no haber desplegado los esfuerzos adecuados y suficientes' y no haber actuado con la necesaria celeridad para que una menor saharaui volviera con su madre a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). La Sala Tercera del Tribunal señaló en su sentencia que la menor, Saltana El Bardi, ahora residente española de 18 años, llegó a España en 2002 para pasar sus vacaciones en Murcia, y permaneció en 'una situación de abandono jurídico' durante tres años.
El Tribunal condenó a España a indemnizar con 30.000 euros a su madre, Knana Mohamed Saleck Bardi, por 'daños morales', al considerarle 'víctima de violación constatada' según el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a la vida privada y familiar. La demandante había reclamado 150.000 euros. También reconoció que su hija 'está perfectamente integrada' en España y que su repatriación implicaría vivir 'en condiciones de vida muy duras'.
En su sentencia, el Tribunal destacó la falta de acción 'total' por parte de las autoridades administrativas españolas entre septiembre de 2002, fecha prevista para el regreso de la menor a Tinduf, y mayo de 2004, cuando la administración asumió su tutela. Recalcó que durante todo este período, Saltana El Bardi vivió en España sin ningún documento legal de residencia. El Tribunal precisó que la familia de acogida de la menor no fue sancionada, pese a 'su actitud obstruccionista y su rechazo reiterado a entregar a la menor a los servicios pertinentes para facilitar el regreso con su madre biológica'.
Saltana El Bardi vivía en Tinduf desde 2001, donde su madre 'la había confiado' a otra persona. Llegó a España en el verano de 2002, en el marco del programa de vacaciones para niños saharauis de la Federación de Asociaciones de amigos del pueblo saharaui, que había previsto su regreso para el 9 de septiembre de ese mismo año, pero permaneció en este país debido a una afección hepática.
NEGATIVA A ENTREGARLA
La federación organizadora del viaje pidió entonces la prolongación de la estancia 'pero no obtuvo respuesta por parte de la administración'. El 29 de marzo de 2004, la Dirección General de la Familia del gobierno regional de Murcia supo que la demandante reclamaba el regreso de su hija y el servicio regional de protección de menores inició un procedimiento para verificar la evolución de su salud. En su informe señaló que la familia de acogida 'se había negado a entregar a la menor' alegando que era sometida a 'esclavitud'.
En su sentencia, el Tribunal destacó la falta de acción 'total' por parte de las autoridades administrativas españolas entre septiembre de 2002, fecha prevista para el regreso de la menor a Tinduf, y mayo de 2004, cuando la administración asumió su tutela. Recalcó que durante todo este período, Saltana El Bardi vivió en España sin ningún documento legal de residencia. El Tribunal precisó que la familia de acogida de la menor no fue sancionada, pese a 'su actitud obstruccionista y su rechazo reiterado a entregar a la menor a los servicios pertinentes para facilitar el regreso con su madre biológica'.
Saltana El Bardi vivía en Tinduf desde 2001, donde su madre 'la había confiado' a otra persona. Llegó a España en el verano de 2002, en el marco del programa de vacaciones para niños saharauis de la Federación de Asociaciones de amigos del pueblo saharaui, que había previsto su regreso para el 9 de septiembre de ese mismo año, pero permaneció en este país debido a una afección hepática.
NEGATIVA A ENTREGARLA
La federación organizadora del viaje pidió entonces la prolongación de la estancia 'pero no obtuvo respuesta por parte de la administración'. El 29 de marzo de 2004, la Dirección General de la Familia del gobierno regional de Murcia supo que la demandante reclamaba el regreso de su hija y el servicio regional de protección de menores inició un procedimiento para verificar la evolución de su salud. En su informe señaló que la familia de acogida 'se había negado a entregar a la menor' alegando que era sometida a 'esclavitud'.
