Rafael Ricardi se despide de la cárcel de Topas, uno de los centros penitenciarios en los que ha pasado los últimos 13 años de su vida por un delito que no cometió. Las indiscutibles pruebas de ADN han confirmado que no fue el autor de la violación en El Puerto de Santa María que se le imputó. La sentencia que lo condenó se basó en la identificación de la víctima.
No es el primer caso ni lamentablemente será el último de un error judicial de estas características. En ocasiones son denuncias falsas. En otros casos, las condenas se basan en reconocimientos erróneos del agresor por parte de las víctimas. Cuando se descubre la verdad, el Estado intenta compensar a la víctima del error mediante el pago de indemnizaciones que en ningún caso son capaces de devolverles la libertad. Es la lectura literal del refrán que dice que pagan justos por pecadores.
En la historia reciente de este tipo de errores judiciales en España está la de Francisco Javier G., que fue condenado en 2001 por la Audiencia Nacional de Cádiz como autor de una violación oral en Algeciras a un menor de cinco años y que lo llegó a identificar como su agresor hasta en cuatro ocasiones. Pasó cinco años en prisión hasta que la constancia de su esposa durante ese tiempo logró reunir las pruebas suficientes que lo exculparon en 2005. En esta ocasión no fue el ADN, sino dos testigos que demostraron que el hombre estaba trabajando cuando se produjo la violación.
Una historia similar es la del caso de Ahmed Tommouhi y Abdelrrazak Mounib, que fueron condenados a 51 años de cárcel por la violación repetida de una mujer en Barcelona en 1991. El ADN les absolvió de toda culpa en 1997 y el Supremo les consideró inocentes.
Es sólo un ejemplo de muchos que en España no están estadísticamente identificados. En Estados Unidos, según Proyecto Inocencia, en ocho de cada diez casos de inocentes que fueron declarados culpables el motivo fueron las malas identificaciones, desaparición de pruebas o incorrecta actuación policial.
Entre los casos más clamorosos de EEUU está el de Walter Swift, que estuvo 26 años encarcelado por la violación de una mujer embarazada a la que asaltaron en su casa. De entre cientos de fotos que le mostró la policía escogió a siete que se asemejaban a su atacante, pero al jurado sólo se le mostró la foto de Swift y se le dijo que era la única que ella había señalado. Fue condenado hasta que se logró probar su inocencia en mayo de este 2008, cuando fue exonerado y liberado.
En este triste listado también está el nombre de Jerry Miller, que pasó nada menos que 25 años en prisión pro una violación que no cometió en 1981. Fue detenido después de que dos testigos que supuestamente lo habían visto huir lo identificaran, lo que también hizo la víctima. Fue condenado a 45 años de cárcel.
CORREDOR DE LA MUERTE
En EEUU la situación es aún peor cuando se trata de personas que son condenadas a muerte. El español Pablo Ibar fue condenado en 2000 a la pena capital en Florida por un triple asesinato que había sido cometido en 1994. La principal prueba en su contra aportada por la acusación fueron unas imágenes poco nítidas de video captadas por una cámara oculta de vigilancia. El proceso judicial fue muy complicado y con irregularidades. El siempre ha negado su participación en el crimen, pero sigue en el corredor de la muerte.
Entre 1976 y la actualidad, en Estados Unidos al menos 218 personas han sido exoneradas por pruebas de ADN, entre ellas 16 personas que estaban en el corredor de la muerte. Habían pasado una media de doce años en prisión antes de que se demostrase que eran inocentes. Son datos de Innocence Project, una organización fundada en 1992 para asistir a prisioneros que pueden probar su inocencia gracias a las pruebas de ADN.
Sin embargo, a veces ni el ADN llega a tiempo. El Death Penalty Information Center recuerda que el Gobierno estadounidense nunca ha reconocido que entre los ejecutados del país pudiera haber inocentes. Pero la organización cree que puede haber al menos ocho casos desde que en 1976 se reinstaurara la pena capital.
En la historia reciente de este tipo de errores judiciales en España está la de Francisco Javier G., que fue condenado en 2001 por la Audiencia Nacional de Cádiz como autor de una violación oral en Algeciras a un menor de cinco años y que lo llegó a identificar como su agresor hasta en cuatro ocasiones. Pasó cinco años en prisión hasta que la constancia de su esposa durante ese tiempo logró reunir las pruebas suficientes que lo exculparon en 2005. En esta ocasión no fue el ADN, sino dos testigos que demostraron que el hombre estaba trabajando cuando se produjo la violación.
Una historia similar es la del caso de Ahmed Tommouhi y Abdelrrazak Mounib, que fueron condenados a 51 años de cárcel por la violación repetida de una mujer en Barcelona en 1991. El ADN les absolvió de toda culpa en 1997 y el Supremo les consideró inocentes.
Es sólo un ejemplo de muchos que en España no están estadísticamente identificados. En Estados Unidos, según Proyecto Inocencia, en ocho de cada diez casos de inocentes que fueron declarados culpables el motivo fueron las malas identificaciones, desaparición de pruebas o incorrecta actuación policial.
Entre los casos más clamorosos de EEUU está el de Walter Swift, que estuvo 26 años encarcelado por la violación de una mujer embarazada a la que asaltaron en su casa. De entre cientos de fotos que le mostró la policía escogió a siete que se asemejaban a su atacante, pero al jurado sólo se le mostró la foto de Swift y se le dijo que era la única que ella había señalado. Fue condenado hasta que se logró probar su inocencia en mayo de este 2008, cuando fue exonerado y liberado.
En este triste listado también está el nombre de Jerry Miller, que pasó nada menos que 25 años en prisión pro una violación que no cometió en 1981. Fue detenido después de que dos testigos que supuestamente lo habían visto huir lo identificaran, lo que también hizo la víctima. Fue condenado a 45 años de cárcel.
CORREDOR DE LA MUERTE
En EEUU la situación es aún peor cuando se trata de personas que son condenadas a muerte. El español Pablo Ibar fue condenado en 2000 a la pena capital en Florida por un triple asesinato que había sido cometido en 1994. La principal prueba en su contra aportada por la acusación fueron unas imágenes poco nítidas de video captadas por una cámara oculta de vigilancia. El proceso judicial fue muy complicado y con irregularidades. El siempre ha negado su participación en el crimen, pero sigue en el corredor de la muerte.
Entre 1976 y la actualidad, en Estados Unidos al menos 218 personas han sido exoneradas por pruebas de ADN, entre ellas 16 personas que estaban en el corredor de la muerte. Habían pasado una media de doce años en prisión antes de que se demostrase que eran inocentes. Son datos de Innocence Project, una organización fundada en 1992 para asistir a prisioneros que pueden probar su inocencia gracias a las pruebas de ADN.
Sin embargo, a veces ni el ADN llega a tiempo. El Death Penalty Information Center recuerda que el Gobierno estadounidense nunca ha reconocido que entre los ejecutados del país pudiera haber inocentes. Pero la organización cree que puede haber al menos ocho casos desde que en 1976 se reinstaurara la pena capital.
