Los juegos 'on-line', entre los que destacan las apuestas deportivas y modalidades muy específicas como el póquer, han conseguido atraer a casi 400.000 usuarios en España durante los últimos años y han generado beneficios que el pasado año superaron los 300 millones de euros. Pero además de expandir sus servicios entre miles de usuarios, estas empresas se han popularizado gracias a la publicidad y al patrocinio, sobre todo de equipos de fútbol de primera división, y nombres como Bwin, Unibet, Betfair, Interapuestas o 12bet están ligados a clubes como el Real Madrid, Valencia, Barcelona, Español o Sevilla.
Para clarificar el escenario legislativo en el que las empresas especializadas en el juego 'on-line' prestan sus servicios, el Gobierno tiene ultimado el proyecto de Ley del Juego, con el que regulará todas las modalidades de juegos de azar, entre ellas las apuestas por Internet, por el teléfono móvil o por el ordenador, y con el que el Ejecutivo pretende además garantizar los derechos y las obligaciones de todos los operadores y de los jugadores.
Necesaria y urgente son los dos adjetivos que los responsables del sector privado consultados más repiten sobre la nueva legislación, ya que no existe -advierten- una regulación adecuada y las empresas o casas de apuestas 'on-line' que operan en España lo hacen desde una situación de alegalidad. Pero, tras remarcar esa urgencia y necesidad, estas empresas, a través de la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi) y de la Asociación de Juego On-line (RGA, en sus siglas en inglés), expresaron su rechazo frontal a la fiscalidad prevista en el proyecto de Ley del Juego que prepara el Gobierno.
FISCALIDAD EXCESIVA
La Aedapi y RGA -una asociación internacional que agrupa a treinta de las principales empresas de juego 'on-line -del mundo- advierten de que una fiscalidad excesiva puede incluso provocar un encarecimiento de los productos y que los consumidores opten por acudir al mercado negro para buscar la suerte. El borrador que ultima el Gobierno prevé gravar la actividad de esas empresas con un tributo que se aplicaría sobre el volumen total de negocio, pero la industria del sector defiende que ese impuesto se debería aplicar sobre las ganancias que resulten después de descontar el dinero que han destinado a premios.
La industria del juego 'on-line' ha tratado, durante el tiempo que ha durado el trámite de 'audiencia pública' del proyecto de ley, de que el Gobierno entienda su argumentación: cargar los impuestos sobre el volumen total de negocio, y no sobre esas ganancias brutas, hará que los productos sean menos atractivos y que los usuarios 'emigren' a empresas ilegales.
Necesaria y urgente son los dos adjetivos que los responsables del sector privado consultados más repiten sobre la nueva legislación, ya que no existe -advierten- una regulación adecuada y las empresas o casas de apuestas 'on-line' que operan en España lo hacen desde una situación de alegalidad. Pero, tras remarcar esa urgencia y necesidad, estas empresas, a través de la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi) y de la Asociación de Juego On-line (RGA, en sus siglas en inglés), expresaron su rechazo frontal a la fiscalidad prevista en el proyecto de Ley del Juego que prepara el Gobierno.
FISCALIDAD EXCESIVA
La Aedapi y RGA -una asociación internacional que agrupa a treinta de las principales empresas de juego 'on-line -del mundo- advierten de que una fiscalidad excesiva puede incluso provocar un encarecimiento de los productos y que los consumidores opten por acudir al mercado negro para buscar la suerte. El borrador que ultima el Gobierno prevé gravar la actividad de esas empresas con un tributo que se aplicaría sobre el volumen total de negocio, pero la industria del sector defiende que ese impuesto se debería aplicar sobre las ganancias que resulten después de descontar el dinero que han destinado a premios.
La industria del juego 'on-line' ha tratado, durante el tiempo que ha durado el trámite de 'audiencia pública' del proyecto de ley, de que el Gobierno entienda su argumentación: cargar los impuestos sobre el volumen total de negocio, y no sobre esas ganancias brutas, hará que los productos sean menos atractivos y que los usuarios 'emigren' a empresas ilegales.
