La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, propuso ayer impedir a las entidades de gestión crear sociedades mercantiles, obligarlas a someterse a una auditoría pública de funcionamiento y crear un régimen sancionador para aquellas que no cumplan con sus obligaciones. González-Sinde presentó este conjunto de medidas en el pleno del Congreso durante una interpelación del grupo popular cuyo portavoz, José María Lasalle, planteó la posibilidad de que exista una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual que cohesione, gestione y dirija el funcionamiento de estas entidades.
La titular de Cultura anunció una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles, de tal forma que solo serán autorizadas por la Administración pública competente aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias.
González-Sinde recordó que la investigación judicial de la Audiencia Nacional se centra en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores, una sociedad mercantil cuyo exdirector general, José Luis Rodríguez Neri, está en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
COMPETENCIAS
La ministra indicó que 'no es que las entidades funcionen mal, simplemente unos individuos presuntamente violaron la ley y se les detuvo, no hay que olvidarlo'. Tanto en la interpelación como en la contestación a la pregunta que el diputado del PP Rafael Rodríguez Ponga le planteó en el mismo pleno, la ministra recordó que las competencias del ministerio sobre esas entidades se limitan a otorgar o revocar la licencia, exigir información, ordenar inspecciones y tener un representante con voz pero sin voto en sus juntas. Ninguna de ellas fue suficiente para detectar los problemas que se produjeron en una sociedad mercantil dependiente de la SGAE, sobre la que no tienen competencias, reiteró.
Sinde recordó que fue durante el mandato de Esperanza Aguirre como ministra de Educación cuando la SGAE propuso un cambio en sus estatutos para poder crear sociedades mercantiles. Advirtió, no obstante, de que ahora no es posible encontrar una solución definitiva mientras Bruselas no resuelva la Directiva de la UE sobre entidades de gestión.
La ministra defendió la actuación de su departamento ante la crisis de la SGAE, en la que 'actuó con todas las posibilidades que le otorga la ley'. 'El Ministerio de Cultura no se lavó las manos ni miró para otro lado', añadió.
Por su parte, Lasalle acusó al Gobierno de intentar eludir su responsabilidad en este asunto escudándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que hace, dijo, es reforzar sus competencias sobre las entidades de gestión. También consideró que existen 'claras responsabilidades del Ministerio de Industria, que entre 2008 y 2010 otorgó a sociedades vinculadas a la SGAE subvenciones por importe de 3,6 millones de euros'. El popular recalcó que las sociedades de gestión deben ceñirse a gestionar los derechos de los autores bajo la supervisión estatal y 'probablemente a través de una ventanilla única'.
González-Sinde recordó que la investigación judicial de la Audiencia Nacional se centra en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores, una sociedad mercantil cuyo exdirector general, José Luis Rodríguez Neri, está en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
COMPETENCIAS
La ministra indicó que 'no es que las entidades funcionen mal, simplemente unos individuos presuntamente violaron la ley y se les detuvo, no hay que olvidarlo'. Tanto en la interpelación como en la contestación a la pregunta que el diputado del PP Rafael Rodríguez Ponga le planteó en el mismo pleno, la ministra recordó que las competencias del ministerio sobre esas entidades se limitan a otorgar o revocar la licencia, exigir información, ordenar inspecciones y tener un representante con voz pero sin voto en sus juntas. Ninguna de ellas fue suficiente para detectar los problemas que se produjeron en una sociedad mercantil dependiente de la SGAE, sobre la que no tienen competencias, reiteró.
Sinde recordó que fue durante el mandato de Esperanza Aguirre como ministra de Educación cuando la SGAE propuso un cambio en sus estatutos para poder crear sociedades mercantiles. Advirtió, no obstante, de que ahora no es posible encontrar una solución definitiva mientras Bruselas no resuelva la Directiva de la UE sobre entidades de gestión.
La ministra defendió la actuación de su departamento ante la crisis de la SGAE, en la que 'actuó con todas las posibilidades que le otorga la ley'. 'El Ministerio de Cultura no se lavó las manos ni miró para otro lado', añadió.
Por su parte, Lasalle acusó al Gobierno de intentar eludir su responsabilidad en este asunto escudándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que hace, dijo, es reforzar sus competencias sobre las entidades de gestión. También consideró que existen 'claras responsabilidades del Ministerio de Industria, que entre 2008 y 2010 otorgó a sociedades vinculadas a la SGAE subvenciones por importe de 3,6 millones de euros'. El popular recalcó que las sociedades de gestión deben ceñirse a gestionar los derechos de los autores bajo la supervisión estatal y 'probablemente a través de una ventanilla única'.
