Radiotelevisión Valenciana se fundió a negro ayer tras una larga madrugada reivindicativa que ha puesto fin a veinticuatro años de emisiones, justo veinticuatro días después de que el Ejecutivo de Alberto Fabra anunciara su intención de cerrar la empresa pública.
El apagado de la radio autonómica llegó por sorpresa al filo de la medianoche, tras publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat el acuerdo del Gobierno que determinaba el cese de las emisiones, mientras que el de la televisión se pudo seguir en directo en un programa especial emitido desde las doce del mediodía.
Hasta llegar aquí, en estos días se produjo la dimisión de la directora general de RTVV y de los cuatro consejeros del PP; el nombramiento de sus suplentes gracias a un decreto ley que cambió la ley de RTVV; la ratificación de esos cargos por Les Corts; su cese por el Consell, y el nombramiento de tres liquidadores. Tampoco faltaron las manifestaciones contra el cierre, las peticiones de disculpas de los trabajadores por el tratamiento dado a las noticias, y un cambio en la línea editorial de los informativos, que por primera vez dieron cabida a las críticas al Consell y voz a colectivos que nunca habían aparecido en RTVV.
A partir de ahí se inició un proceso en el que los trabajadores, la oposición y colectivos sociales defendieron que la televisión valenciana era viable y llamaron a negociar y a reconsiderar la medida, mientras que el Ejecutivo se mantuvo en la decisión del cierre, si bien por primera vez se sentó con el comité de empresa, aunque rechazó su propuesta.
La fórmula elegida por el Gobierno valenciano para la liquidación de la empresa pública fue la de una proposición de ley, para la que no es necesaria pedir informes. Les Corts Valencianes aprobaron esa ley el pasado miércoles, con los votos a favor del PP y en contra de la oposición, y entró en vigor el jueves tras publicarse en una edición vespertina del DOCV.
Hasta llegar aquí, en estos días se produjo la dimisión de la directora general de RTVV y de los cuatro consejeros del PP; el nombramiento de sus suplentes gracias a un decreto ley que cambió la ley de RTVV; la ratificación de esos cargos por Les Corts; su cese por el Consell, y el nombramiento de tres liquidadores. Tampoco faltaron las manifestaciones contra el cierre, las peticiones de disculpas de los trabajadores por el tratamiento dado a las noticias, y un cambio en la línea editorial de los informativos, que por primera vez dieron cabida a las críticas al Consell y voz a colectivos que nunca habían aparecido en RTVV.
A partir de ahí se inició un proceso en el que los trabajadores, la oposición y colectivos sociales defendieron que la televisión valenciana era viable y llamaron a negociar y a reconsiderar la medida, mientras que el Ejecutivo se mantuvo en la decisión del cierre, si bien por primera vez se sentó con el comité de empresa, aunque rechazó su propuesta.
La fórmula elegida por el Gobierno valenciano para la liquidación de la empresa pública fue la de una proposición de ley, para la que no es necesaria pedir informes. Les Corts Valencianes aprobaron esa ley el pasado miércoles, con los votos a favor del PP y en contra de la oposición, y entró en vigor el jueves tras publicarse en una edición vespertina del DOCV.
