Las lluvias de los últimos días provocaron el derrumbe de tres casas abandonadas, en el centro de Santigoso (O Barco de Valdeorras). No son las únicas, unos días antes se vino abajo la cubierta de otra construcción en Soulecín, núcleo situado a escasos 2 kilómetros de distancia. Lo peor es que, con toda seguridad, no serán las únicas que van a quedar reducidas a escombros durante el invierno. En estos momentos, los servicios técnicos del Concello de O Barco de Valdeorras tramitan 86 expedientes de ruina, una cifra muy elevada, que refleja el estado de abandono de buena parte de las construcciones del medo rural.
El despoblamiento de la denominada "España vaciada" se esconde detrás de estas ruinas. La evolución de la población de Santigoso muestra claramente el callejón sin salida que afronta el mundo rural. Según los datos que ofrece "foro-ciudad.com", este pueblo barquense contaba con 194 habitantes en el año 2000. En 2018, menos de dos décadas después del cambio de siglo, solo continúan viviendo en la localidad 107; es decir, perdió el 44,84 % de la población, casi la mitad. Unos ya no están porque emigraron, otros porque sus restos descansan en el cementerio. Hoy en día, el bullicio desapareció de sus estrechas calles. Por ellas, uno puede cruzarse con alguna que otra persona, pero la vida de antaño se perdió.
Frenar el avance de las ruinas en los pueblos es un objetivo prioritario en los planes de O Barco. Lo explicó este martes el arquitecto técnico municipal, Alberto Fernández: "El Concello quiere que se conserve lo máximo posible. Si no, terminará por perderse la trama de los pueblos". El fin es plausible, pero conseguirlo no es fácil.
Cuando los servicios técnicos inician un expediente de ruina el escollo más frecuente, y quizá el más difícil de superar, es localizar a los propietarios, según explicó el aparejador municipal. Dar con los dueños que emigraron o llegar a un acuerdo con las partes representadas en el reparto de una herencia son dos tareas que requieren horas y horas de trabajo.
Una vez identificados los propietarios, da comienzo el periodo de alegaciones, su inicio puede ir acompañado con la determinación de medidas cautelares. Las dictan los técnicos con miras a eliminar cualquier peligro de las ruinas e intentando conservar la construcción. Una vez resueltas las alegaciones, llega la resolución del Concello, bien ordenando el derribo de los restos o bien su consolidación, aunque siempre primando este último objetivo. Es un proceso largo, que precisa necesita de varios meses para ser recorrido.
La complejidad que entraña tramitar cada expediente de ruina es sobradamente conocida en el Concello barquense. "É moi laborioso", comentó Miguel Neira, concelleiro de Obras e Parques Infantís. Minutos antes de confesar este problema, visitaba las ruinas de Santigoso, buscando la fórmula más adecuada para reabrir la estrecha calle que cegaron las piedras de las tres casas. Antes, habían acudido a la llamada de los vecinos el concelleiro de Cemiterio e Medio Rural, Jesús Antes, y el arquitecto técnico municipal, Alberto Fernández.
El alcalde de O Barco, Alfredo García Rodríguez, también es consciente de la dificultad que conlleva poner freno al abandono de casas en el rural. "Son casas que, teniendo dueño, es como si no lo tuviesen", dijo. También subrayó la complejidad de frenar este abandono de los pueblos: "Es muy complicado. Estamos analizando la última modificación de la Ley. No está clara", dijo.
Sin salir de Valdeorras, A Veiga muestra una posible salida al túnel sin salida en el que parece encontrarse el rural. Hace algo más de dos años, en 2017, este Concello, junto con el de Oímbra, se implicaron en un programa que diseñó la Deputación Provincial. Orientado hacia la recuperación de viviendas del rural, al mismo tiempo contempla generar empleo. Fue denominado "Revivenda" y desde el primer momento se encontró con una respuesta más que favorable de la población.
Los propietarios de nueve viviendas que amenazaban con convertirse en ruinas accedieron a las ayudas, por un límite de 12.000 euros, convocadas para su rehabilitación. Estas fueron concedidas, siempre pensando en el posterior alquiler de las casas con unos arrendamientos que no superasen los 180 euros mensuales. A su vez, los inquilinos pudieron acceder a diferentes bonificaciones, como la establecida en función del número de hijos. Los trabajos se desarrollaron en A Veiga, pero también en Baños, Corzos, Xares y San Lorenzo.
El alcalde, Juan Anta, subrayó este martes el éxito de una iniciativa que ya adelantó que retomará el año próximo, promoviendo un programa muy parecido, basado en bonificaciones en impuestos e incentivos. "Conseguimos que non se caigan as casas, creamos emprego, ofrecimos vivendas baratas e rematamos co feísmo que leva a moita xente a descartar investir no rural", dijo.
"O programa funcionou. Alquiláronse todas as vivendas, anque agora quedou unha libre. Eran vivendas en estado cercano á ruina", explicó el regidor de A Veiga, refiriéndose a una iniciativa que contó con una financiación de 100.000 euros, según recordó.
Replantear el diseño de los pueblos del rural
El diseño de la gran mayoría de los pueblos, frecuentemente, no está adaptado a las necesidades actuales, con calles muy estrechas, en las que, si cae una casa, caen las más próximas, como sucedió en Santigoso. El concejal barquense de Obras e Parques Infantís, Miguel Neira, dejó caer la posibilidad de "remodelar as infraestruturas e deixar unha zona en condicións e ben comunicada". Es una opción que no debería ser descartada. en todo caso, el Concello continúa su búsqueda de soluciones. Son pocas las casas en ruinas que derribó con cargo a sus propietarios o herederos. "Non é frecuente, fíxose escasas veces. Os propietarios normalmente tomar medidas", comentó el edil. No sucede a menudo, pero en los últimos cuatro años las brigadas ya derribaron casas en Éntoma, O Castro, Vilariño o Cesures.
La rehabilitación, el objetivo prioritario
Los pueblos se vacían y las iniciativas de las administraciones no logran convencer a sus habitantes y conseguir que mantengan abiertas y habitadas las casas en las que nacieron. Para fomentar la recuperación de estas viviendas, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que dirige Ángeles Vázquez, diseñó una relación de programas de ayudas, que abren las destinadas a facilitar su adquisición a menores de 35 años. Serán de aplicación en aquellos concellos en que no superen los 5.000 habitantes.
A su vez, los propietarios de casa en el rural pueden acceder a los préstamos subvencionados que la Xunta concertó con varias entidades, o bien incluir las viviendas en el programa Rehaluga, relacionado con el Programa de Vivendas Baleiras. Estos podrán beneficiarse de ayudas para la rehabilitación.
Las reformas para mejorar la sostenibilidad energética de la vivienda permite acceder al programa que la Consellería creó para su fomento, existiendo otra línea de ayudas para promover la conservación, la mejora de la seguridad y de la accesibilidad en las casas.
Hay más líneas de ayudas, como las destinadas a la rehabilitación, pensadas para las comunidades de viviendas de promoción pública o las de rehabilitación energética, también dirigidas a estos colectivos, con prácticamente nula presencia en los pueblos del rural.
Con independencia de estas iniciativas, el pasado mes de enero, el Consello de la Xunta dio su visto bueno a la "Lei de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbanas de Galicia", pensada para los centros históricos y núcleos rurales. En su día, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, resumió su objetivo: "priorizar a rehabilitación fronte ás novas construcións". Entre las prioridades de la nueva norma está la de agilizar "a tramitación para a recuperación de centros históricos e núcleos rurais, porque non hai maior desprotección que o abandono do patrimonio construido", añadió.
Las medidas diseñadas para fomentar la rehabilitación de las construcciones del medio rural apenas fructificarán si la población continúa abandonándolo y concentrándose en las cabeceras y ciudades. Es en este ámbito en el que pretende intervenir la Consellería de Política Social, de Fabiola García.
Sus actuaciones pretenden conseguir la conciliación en el medio rural, ofreciendo servicios para compaginar la vida personal y la profesional. Las 32 "casas niño" y las 14 "casas do maior" abiertas en la provincia buscan cubrir con esta expectativa. Además, diseñó la "Tarxeta Benvida", que aporta 1.200 euros a aquellas familias que tengan un bebé, buscando ayudarlas a cubrir los gastos que conlleva, como la compra de alimentos infantiles, pañales o productos de higiene, entre otros. Esta colaboración aumenta automáticamente hasta el tercer año de vida del niño para aquellas unidades familiares con ingresos iguales o inferiores a 22.000 euros, por importes de 600 euros (primer hijo), 1.200 (segundo)y 2.400 (tercero). El año próximo,2020, estas cantidades crecerán un 25 % en aquellos concellos que no alcancen los 5.000 habitantes.
Los "coidados porta a porta" son otra creación de Política Social para mejorar los servicios del rural. La iniciativa ya funciona en O Barco de Valdeorras, al igual que sucede en los concellos de A Mezquita, Bande, Esgos e Leiro, siendo una veintena los que se benefician de ella en toda Galicia.
Paralelamente a estos programas, el departamento de Fabiola García trabaja en la Lei de Impulso Demográfico, que prevé una inversión anual de 700 millones de euros.
