Anxo Pérez sobre Irosa-Samaca: “Loitamos por eses 250 empregos”

De no producirse intervención judicial, la orden de desahucio obligará al cierre el 29 de noviembre.
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Empleados de Irosa piden soluciones ante el Juzgado de O Barco

Los trabajadores de la empresa Irosa-Samaca se concentraban esta mañana ante el Juzgado de O Barco para hacerse oír porque es donde “tómanse decisións sobre si se permite o desahucio das empresas ou non; queremos que vexan que os traballadores piden xustiza”. Así lo manifestaba, bajo una cortina de lluvia, Anxo Pérez, secretario comarcal de la CIG, e insistía en que “non se pode consentir este mazazo ao emprego na comarca de Valdeorras e á provincia; non imos consentir que 250 postos de traballo directos e unha cantidad grandísima de postos de traballo indirectos se poidan perder por culpa desta situación absurda”. 

El litigio que mantiene la empresa con la Comunidad de Montes Portela-Trigal, en el que hay una sentencia de desahucio con fecha de ejecución del 29 de noviembre, es lo que ha llevado a los propios empleados a salir a la calle, porque “nós falamos ca patronal, nos pediron que teñamos calma, que se está intentando solucionar, pero xa levamos dúas semanas de tranquilidade e vemos que as cousas non avanzan. Estamos nun momento moi crítico e tenso. O 29 está á volta da esquina”, explicó Ramón Porto, presidente del Comité de Empresa. 

El secretario comarcal resaltó el hecho de que “nestes momentos, quen está mantendo aberta a empresa son os traballadores, e aquí non se move ninguen máis que os vecinos e veciñas de Valdeorras. Se isto pasa noutra parte de Galicia, estaría toda a administración autonómica movendo ficha”. En esa misma línea también se pronunciaba la diputada del BNG Noa Presas, lamentando que los populares hayan vetado la propuesta de instar a la Xunta a iniciar acciones para el mantenimiento del empleo en la empresa “polo seu impacto socioeconómico para a comarca de Valdeorras”.

Por su parte, la comunidad de Montes Portela-Trigal se manifestó a través de un comunicado ante las acusaciones realizadas por excomuneros, afirmando que “no representan a la Comunidad” y el letrado que les asesora “lo ha hecho con la máxima profesionalidad”. Explican además que no admitirán “injerencia alguna de terceras personas en la gestión” de los montes que les pertenecen.

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