El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense tenía previsto enjuiciar ayer al expresidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, Manuel Maximino Losada Arias, por denunciar en falso a F.C.G.M. en septiembre de 2003, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de este organismo, aunque no lo hizo.
El magistrado titular de este órgano judicial acordó suspender la vista oral, prevista para las 11,15 horas, al decretar que la causa 'es competencia de la Audiencia provincial', por lo que se inhibió del caso y ordenó la remisión de las actuaciones al alto tribunal provincial.
El motivo que desencadenó el aplazamiento del juicio para dirimir responsabilidades por los hechos que el fiscal imputa a Losada Arias, que sucedieron en 2003, radica en que la acusación particular imputa al encausado un delito de estafa cualificada, por el que se puede imponer una pena máxima de hasta seis años de cárcel (superándose el límite de cinco que obliga a derivar el caso a la Audiencia).
Así, aunque según la pena de cárcel que reclamaba el ministerio público (quince meses de prisión por un delito de denuncia falsa, además de una multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios), el caso podría ser visto en el Penal, no pudo ser así.
El aplazamiento causó malestar entre los testigos presentes, además de entre los letrados de la defensa. Uno de ellos esgrimió al salir de la vista oral, que finalizó al poco de iniciarse, que 'esto tíñase que ter solucionado antes de facer vir á xente (en referencia a los testigos)'.
El fiscal acusa al expresidente del Consello Regulador por formular una denuncia en falso contra F.C.G.M. 'imputando de modo falaz a éste la comisión de sendos delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil'. Lo haría, según se recoge en el escrito de acusación del ministerio público, en su condición de presidente del organismo y 'con pleno conocimiento de su falsedad en todo momento'. Losada Arias sostuvo que F.C.G.M., el entonces secretario, habría falsificado su firma reiteradamente, con el fin de incrementar el salario. El fiscal concluye que el expresidente pretendía perjudicar de forma 'deliberada y consciente' la vida laboral y personal de F.C.G.M.
El motivo que desencadenó el aplazamiento del juicio para dirimir responsabilidades por los hechos que el fiscal imputa a Losada Arias, que sucedieron en 2003, radica en que la acusación particular imputa al encausado un delito de estafa cualificada, por el que se puede imponer una pena máxima de hasta seis años de cárcel (superándose el límite de cinco que obliga a derivar el caso a la Audiencia).
Así, aunque según la pena de cárcel que reclamaba el ministerio público (quince meses de prisión por un delito de denuncia falsa, además de una multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios), el caso podría ser visto en el Penal, no pudo ser así.
El aplazamiento causó malestar entre los testigos presentes, además de entre los letrados de la defensa. Uno de ellos esgrimió al salir de la vista oral, que finalizó al poco de iniciarse, que 'esto tíñase que ter solucionado antes de facer vir á xente (en referencia a los testigos)'.
El fiscal acusa al expresidente del Consello Regulador por formular una denuncia en falso contra F.C.G.M. 'imputando de modo falaz a éste la comisión de sendos delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil'. Lo haría, según se recoge en el escrito de acusación del ministerio público, en su condición de presidente del organismo y 'con pleno conocimiento de su falsedad en todo momento'. Losada Arias sostuvo que F.C.G.M., el entonces secretario, habría falsificado su firma reiteradamente, con el fin de incrementar el salario. El fiscal concluye que el expresidente pretendía perjudicar de forma 'deliberada y consciente' la vida laboral y personal de F.C.G.M.
