Más de cuatro años estuvo tramitándose la querella contra el ex alcalde del PP Manuel Candal en el Juzgado de O Barco por la contratación de seguros del Concello a su yerno, también tesorero, pero el delito que se le imputaba estaba prescrito.
Ni el hasta hace poco alcalde del PP en Vilamartín, Manuel Candal, ni el tesorero municipal, a la postre también su yerno, se sentarán en el banquillo de la Audiencia para que los juzgue un jurado popular. La magistrada que preside ese tribunal, María del Carmen Blanco Arce, decretó el archivo del caso por prescripción del delito: las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que le imputaba el fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, y la acusación particular que ejercía el anterior portavoz del PSOE vilamartinés, Pablo Deramond.
La magistrada entiende, tal como postulaba la defensa ejercida por Emilio Atrio, que la contratación de seguros por parte del Concello a la compañía de la que era mediador el yerno del alcalde se remonta a enero de 1999, por lo que el delito estaría prescrito (a los cinco años). Pero la argumentación va más allá ya que los acusados, según dice la juez, no tenían por qué informar al resto de la Corporación de esa acción. De hecho, la magistrada recuerda que estamos en presencia de un delito especial pues el sujeto activo será la autoridad o funcionario público que deba informar. Y ahí está el quid del asunto, porque según continúa, el deber de informar al resto de concejales para que aprueben el gasto no corresponde al alcalde sino a aquellos funcionarios técnicos que deben asesorar con sus informes a los órganos de decisión.
Así pues, ni Candal ni el tesorero no llegaron a consumar ningún delito.
Una campaña feroz contra mi persona
El que fuera alcalde popular de Vilamartín durante 36 años acogió ayer con tranquilidad la noticia del archivo de la denuncia que había presentado el grupo municipal socialista en octubre de 2004 y que en un principio también iba dirigida contra otras dos personas de su familia. Estaba plenamente convencido de que no podían perjudicarme porque si algo tengo claro es que jamás mi actuación perjudicó al Concello; siempre hice todo lo mejor por los intereses de mi pueblo, aseguró nada más conocer la resolución judicial.
También recalcó que si contrató seguros con la compañía que representaba el que después sería su yerno es porque era la que mejor se portaba y la que nos ofrecía las pólizas más baratas.
Atribuye la denuncia a una persecución feroz del partido socialista que ya se remonta a 1992 cuando también me llevaron al juzgado porque decían que amañaba pensiones para los vecinos. Y deja claro que no sólo nunca me apoderé de un duro del Concello sino que a mí me costó dinero de mi bolsillo por las dietas y viajes que nunca pasé.
La magistrada entiende, tal como postulaba la defensa ejercida por Emilio Atrio, que la contratación de seguros por parte del Concello a la compañía de la que era mediador el yerno del alcalde se remonta a enero de 1999, por lo que el delito estaría prescrito (a los cinco años). Pero la argumentación va más allá ya que los acusados, según dice la juez, no tenían por qué informar al resto de la Corporación de esa acción. De hecho, la magistrada recuerda que estamos en presencia de un delito especial pues el sujeto activo será la autoridad o funcionario público que deba informar. Y ahí está el quid del asunto, porque según continúa, el deber de informar al resto de concejales para que aprueben el gasto no corresponde al alcalde sino a aquellos funcionarios técnicos que deben asesorar con sus informes a los órganos de decisión.
Así pues, ni Candal ni el tesorero no llegaron a consumar ningún delito.
Una campaña feroz contra mi persona
El que fuera alcalde popular de Vilamartín durante 36 años acogió ayer con tranquilidad la noticia del archivo de la denuncia que había presentado el grupo municipal socialista en octubre de 2004 y que en un principio también iba dirigida contra otras dos personas de su familia. Estaba plenamente convencido de que no podían perjudicarme porque si algo tengo claro es que jamás mi actuación perjudicó al Concello; siempre hice todo lo mejor por los intereses de mi pueblo, aseguró nada más conocer la resolución judicial.
También recalcó que si contrató seguros con la compañía que representaba el que después sería su yerno es porque era la que mejor se portaba y la que nos ofrecía las pólizas más baratas.
Atribuye la denuncia a una persecución feroz del partido socialista que ya se remonta a 1992 cuando también me llevaron al juzgado porque decían que amañaba pensiones para los vecinos. Y deja claro que no sólo nunca me apoderé de un duro del Concello sino que a mí me costó dinero de mi bolsillo por las dietas y viajes que nunca pasé.
