La ruinosa construcción supone un peligro y los vecinos llevan diez años pidiendo una solución
El Defensor del Pueblo reclama al Concello de O Barco que proceda a la ejecución subsidiaria de la demolición de una casa en ruinas de O Castro, solicitada por vecinos del núcleo. La petición fue formulada hace una década, debido al peligro. “El ayuntamiento puede y debe ordenar la ejecución de los trabajos que sean necesarios para garantizar su seguridad, y ello con independencia de que sus titulares estén o no localizados”, dice el texto que firma Francisco Fernández Marugán.
El Concello argumentó que los dueños residen en el extranjero, a lo que el Defensor del Pueblo respondió explicando que “el hecho de que los propietarios de la vivienda sean desconocidos o no conste de manera clara la propiedad no constituye obstáculo alguno para cumplir los deberes de conservación por razones de seguridad, salubridad y ornato”. También recordó que si no adopta las medidas apuntadas, “y se produce algún percance o se atenta contra la salud y seguridad de las personas, cualquier afectado podría exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración local”. El escrito continúa que “esta institución no puede finalizar sus actuaciones, hasta tanto no se confirme que, en efecto, se han llevado a cabo las obras por ejecución subsidiaria”.
El alcalde, Alfredo García, aseguró que el Concello inició gestiones para la demolición y justificó el retraso en la búsqueda de una solución para la casa.
